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Bogotá vivió este lunes una jornada cargada de tensión y simbolismo político. A pocas horas de conocerse el fallo de primera instancia en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los ánimos se desbordaron frente al Complejo Judicial de Paloquemao. Gritos, empujones, pancartas enfrentadas y un camarógrafo agredido marcaron la antesala de una decisión que, más allá de lo jurídico, tiene implicaciones de fondo en la historia reciente de Colombia.
El pulso en la calle reflejaba el que se libra en las instituciones. Por un lado, seguidores del exmandatario que lo consideran un perseguido político; por el otro, ciudadanos que exigen justicia en un caso que ha desnudado las fisuras del poder y la justicia en el país. La confrontación, aunque breve, obligó a la intervención de la Policía, que logró contener los ánimos antes de que la situación escalara. Pero el eco del conflicto no se disipó.
Este 28 de julio de 2025 quedará grabado como una fecha clave en el expediente judicial más relevante de las últimas décadas en Colombia. Uribe, acusado de manipulación de testigos y fraude procesal, enfrenta por primera vez un veredicto judicial en un proceso que se ha extendido por años y ha dividido al país desde sus cimientos.
Uno de los aspectos más debatidos del proceso ha sido la legalidad de las grabaciones telefónicas obtenidas por la Corte Suprema de Justicia en 2018. La jueza 44 de conocimiento de Bogotá zanjó el debate con una decisión contundente: las pruebas son válidas. Según su análisis, las interceptaciones realizadas a la línea del entonces senador fueron ordenadas conforme a la ley, y las demoras en la cancelación de la orden no alteran su legalidad ni generan sospechas razonables de manipulación.
Uno de los manifestantes que llegaron a Paloquemao para demostrar apoyo al expresidente Uribe agredió a un camarógrafo. La Policía se llevó al agresor, quien reclamaba por supuestos insultos en contra de las fuerzas militares.
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— Cambio (@estoescambio) July 28, 2025
El argumento de la defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, que pedía la nulidad de las interceptaciones, fue desestimado. La jueza concluyó que «las pruebas permiten esclarecer de manera confiable» lo ocurrido y citó informes periciales y registros de la propia Corte Suprema para sustentar su decisión. “No se encuentra fundada la suspicacia invocada por la defensa”, señaló la magistrada, validando así un eje central de la acusación contra el exmandatario.
En las afueras del tribunal, los enfrentamientos no fueron solo físicos. También se libró una batalla simbólica: la de la confianza en la justicia, el legado de un expresidente y el rumbo de una nación que, una vez más, se mira en el espejo de sus instituciones.
El fallo, cuando sea leído, no cerrará el capítulo. Apenas abrirá otro. Pero lo que quedó claro hoy en Bogotá es que Colombia sigue debatiéndose entre la memoria, la justicia y la reconciliación. Y ese conflicto, como el de esta mañana en Paloquemao, aún está lejos de resolverse.
