Titular de Semana desata tormenta por presionar a jueza del caso Uribe. Foto: Semana / Facebook.
A escasas horas de una decisión clave en el juicio que enfrenta el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez -acusado de presunto soborno a testigos y fraude procesal-, una nueva polémica ha encendido las alarmas dentro y fuera de Colombia. La revista Semana, propiedad del poderoso Grupo Gilinski, ha publicado un artículo que perfila a la jueza Sandra Liliana Heredia, quien anunciará este 28 de julio el sentido del fallo, desatando una ola de indignación en redes sociales, gremios periodísticos, juristas y observadores internacionales.
La publicación, dirigida actualmente por Yesid Lancheros tras la salida de Vicky Dávila, ha sido interpretada como un intento de presión mediática inaceptable. En el texto -titulado “La historia de la jueza que fallará sobre Álvaro Uribe”- se revelan detalles familiares, supuestas inclinaciones ideológicas y el entorno geográfico de la funcionaria judicial. Para amplios sectores de la opinión pública, se trata de un acto de amedrentamiento que pone en riesgo no solo la integridad de la jueza, sino la propia legitimidad del proceso.
Diversas voces del periodismo colombiano, incluidos medios independientes y tradicionales, han coincidido en calificar el artículo como un atentado contra la independencia judicial. “Mi rechazo total al perfilamiento y la presión disfrazada de periodismo. Lo que están haciendo con el caso Uribe es una vergüenza”, escribió la periodista Paola Herrera. El colectivo feminista Aquelarre, por su parte, fue más directo: “Exponer a la jueza con nombre, rostro y ubicación familiar, e insinuar que ‘es de izquierda’ justo antes de una decisión clave, es estigmatización pura y una amenaza abierta al Estado de derecho”.
Lo que para algunos puede parecer una crónica de perfil judicial, para otros constituye una grave intromisión en un proceso que ha sido altamente politizado durante más de una década. El caso Uribe ha atravesado varias fiscalías, ha sido objeto de intervención de distintos gobiernos y ha polarizado a la sociedad colombiana. Ahora, en un punto decisivo, la prensa más afín al expresidente parece intentar inclinar la balanza.
El periodista y director de RTVC, Hollman Morris, calificó lo ocurrido como una “operación coordinada de intimidación mediática”. En sus declaraciones, advirtió que lo que está en juego trasciende al expresidente Uribe: “Se pretende instalar la narrativa de que cualquier decisión judicial en su contra es una movida política de la izquierda. Es un argumento cínico y peligroso”. Morris, quien fue víctima de campañas de desprestigio durante el uribismo, expresó su “solidaridad plena con la jueza Heredia y su familia”, y alertó sobre los efectos corrosivos que tiene este tipo de presión sobre las instituciones democráticas.
La controversia ha adquirido dimensiones internacionales. Diversos analistas y observadores de derechos humanos advierten que el episodio refleja un patrón creciente en América Latina, donde algunos sectores de poder buscan instrumentalizar los medios para erosionar la autonomía de jueces y fiscales. Lo que ocurre en Colombia, sostienen, no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia preocupante que amenaza la vigencia de los contrapesos democráticos.
La audiencia del 28 de julio no es una sentencia definitiva, pero sí un punto de inflexión. En esa fecha, la jueza Heredia comunicará si el sentido del fallo será condenatorio o absolutorio. Sin embargo, la presión pública, alimentada por medios con intereses explícitos, ha contaminado el ambiente y sembrado dudas sobre la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia.
Mientras tanto, en Colombia crece la percepción de que el periodismo -lejos de proteger la democracia- está siendo utilizado como arma de intimidación. En redes sociales, muchos coinciden: los grandes medios están desesperados. “Cada hora aparece un nuevo titular intimidatorio”, escriben los usuarios. “Esto ya no es información: es una estrategia para doblegar la justicia”.
Desde el exterior, el episodio es observado con creciente preocupación. En un país marcado por décadas de conflicto armado, crisis institucional y desigualdad histórica, la fortaleza del poder judicial es una pieza esencial para consolidar el Estado de derecho. Pero si los jueces no pueden deliberar sin temor, y si los medios operan como instrumentos de presión, lo que se debilita no es una sentencia: es la democracia misma.
