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En un pronunciamiento cargado de simbolismo histórico y con fuertes críticas al rol de los medios de comunicación en la polarización política, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una severa advertencia sobre lo que califica como una “degradación institucional” dentro del Congreso de la República, impulsada, según sus palabras por una oposición “carente de argumentos” y una prensa que “ha abandonado la verdad como principio”.
La declaración se produjo tras los tensos momentos vividos en el Capitolio Nacional al finalizar su reciente alocución presidencial. Según el mandatario, sectores de la oposición respondieron con gritos, groserías y arengas que, en su visión, cruzan los límites del ejercicio democrático y ponen en entredicho el juramento constitucional de los legisladores.
“Un ciudadano puede gritar ‘¡Fuera Petro!’; está en su derecho. Pero un congresista no, porque juró respetar la Constitución. Lo que se vivió en el Congreso no fue oposición, fue una escena de sinrazón institucional”, expresó el presidente.
Petro evocó al filósofo alemán Jürgen Habermas para advertir que el Congreso, concebido como el más alto escenario de la razón argumentativa, se está convirtiendo en una plataforma de espectáculo y desinformación. “El insulto es hoy la estrategia, y la prensa lo amplifica”, afirmó.
El presidente no evitó las comparaciones históricas. Citó el trágico episodio de los años 40 en Colombia, cuando una discusión parlamentaria derivó en un tiroteo dentro del recinto, lo que precipitó una de las peores épocas de violencia política en el país. También mencionó el papel que jugaron los medios en el genocidio de Ruanda y la propaganda nazi en Alemania. “Millones murieron por el veneno del odio amplificado desde el micrófono”, sentenció.
Para Petro, existe hoy una estrategia deliberada para deslegitimar su gobierno y sabotear un posible acuerdo nacional que permitiría financiar derechos fundamentales mediante el pago justo de impuestos por parte de las grandes fortunas. En esa ofensiva —afirma— los medios tradicionales no actúan como fiscalizadores democráticos, sino como “vehículos del gran capital”.
“El gran capital no quiere este gobierno porque hemos planteado que paguen lo que corresponde por ley. Lo confesaron al diario El País de España. No quieren igualdad, no quieren redistribución. Y por eso han dado la orden de atacar”, indicó.
En un punto especialmente sensible, el presidente cuestionó el papel de los medios concesionados, como la televisión y la radio. Recordó que el espectro electromagnético es propiedad de la nación y que las concesiones implican deberes, entre ellos, el respeto a la Constitución y al derecho ciudadano a la información veraz. “Esos contratos no son licencia para mentir ni para envenenar a la sociedad”, recalcó.
Pese a lo anterior, Petro rechazó cualquier idea de censura y reafirmó su compromiso con la libertad de prensa. “No se trata de cerrar medios. Yo mismo he construido una red alternativa en redes sociales para comunicarme directamente con el pueblo. Pero el Estado no puede permitir que sus contratistas violen la ley todos los días sin consecuencia alguna”.
El mandatario también criticó duramente a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a la que acusó de actuar más como aliada del poder económico que como garante del interés público. “La censura contra el gobierno es evidente. Y si las instituciones no actúan, entonces la justicia debe intervenir”.
Esta declaración marca un punto de inflexión en la relación del Ejecutivo con el ecosistema mediático y político del país. Desde la Casa de Nariño, Petro vuelve a tensar las cuerdas del debate nacional, dejando sobre la mesa una preocupación mayor: si la prensa pierde la ética y el Congreso renuncia a la razón, ¿qué queda para defender la democracia?
