Fotos: Freepik y Chiquita Brands.
Medellín acaba de escribir un capítulo inédito en la historia judicial de América Latina. Siete altos directivos de la multinacional Chiquita Brands fueron condenados a 11 años y 3 meses de prisión por haber financiado estructuras paramilitares en la región de Urabá y el Magdalena durante los años más crudos del conflicto armado colombiano.
El fallo, emitido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, incluye además una multa que supera los 14 mil millones de pesos, una suma simbólica frente a las incontables vidas que se apagaron bajo el terror de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Entre 1997 y 2004, la empresa pagó, tonelada tras tonelada de banano exportado, contribuciones clandestinas que terminaron alimentando masacres, desplazamientos y extorsiones.
“Es un fallo histórico, porque por fin en Colombia se condena a empresarios por poner el dinero que permitió la violencia. Antes solo había decisiones judiciales en Estados Unidos, pero aquí en Colombia nunca había pasado”, expresó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, una de las organizaciones que acompañan a las víctimas.
Para las comunidades afectadas, sin embargo, la lucha está lejos de terminar. Los abogados de los ejecutivos anunciaron que apelarán la sentencia ante el Tribunal de Antioquia, que tendrá la última palabra el próximo 17 de septiembre. Hasta entonces, miles de campesinos y familias desplazadas seguirán esperando una verdad completa y una reparación real.
Las investigaciones lograron comprobar que Chiquita Brands, a través de una empresa fachada, canalizaba pagos de hasta tres centavos de dólar por cada tonelada de banano exportado. Con esa fórmula se financió durante años a grupos que, bajo el emblema de las convivir y luego como paramilitares, disputaron a sangre y fuego territorios enteros, enfrentaron a las FARC y extendieron el miedo con despojos y ejecuciones sumarias.
Mientras la apelación se resuelve, la condena resuena como un mensaje rotundo: Colombia ya no está dispuesta a tolerar que el capital internacional sirva de combustible para la guerra. El reto, ahora, será garantizar que este fallo no quede como una excepción aislada, sino como la piedra angular de una justicia que, por fin, empiece a mirar de frente a quienes se enriquecieron detrás del horror.
