El pasado sábado, un trágico suceso sacudió al cantón Playas, en la provincia de Guayas, Ecuador. Un tiroteo en un local de entretenimiento dejó al menos nueve personas fallecidas, aunque algunos reportes indican que el número podría ascender a once. El ataque ocurrió en un billar del barrio Santa Isabel, donde varias personas se encontraban jugando cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar.
Según los primeros informes de la Policía Nacional y la Fiscalía, los atacantes perseguían a dos hombres que se movilizaban en motocicleta preguntaron en la esquina donde quedaba el billar a una cuadra del establecimiento. Los sicarios, al ingresar al local, dispararon indiscriminadamente contra los presentes, dejando víctimas colaterales, entre ellas una niña de apenas dos años de edad y varios heridos.
Entre los fallecidos se encuentran tres funcionarios del Municipio de Playas, uno de ellos hijo del reconocido radiodifusor Carlos Yagual, quien expresó su dolor a través de su emisora Radio Costa 87.7 FM. También se confirmó la muerte de un profesor de fútbol local, lo que ha conmocionado aún más a la comunidad. Los nombres de algunas víctimas han sido divulgados, entre ellos Carlos Mar Yagual Carrillo, Ángel Mejía Montagüano, Joao Martínez Alejandro, Bryan Cayancela Mayorga, Lucas Salinas Moreira y Eri Robalino Cevallos.
Un video grabado y postado en las redes sociales minutos antes del trágico hecho.
El Municipio de Playas declaró duelo oficial y publicó una imagen en blanco y negro con un listón como señal de luto. Las palabras de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas, resonaron en redes sociales: “La violencia no da tregua. Quiere arrodillarnos, silenciarnos, acostumbrarnos al horror. Pero no vamos a callar. Ni a rendirnos”.
Este lamentable hecho refleja una problemática más amplia que afecta a Ecuador: la escalada de violencia vinculada al crimen organizado y la erosión institucional que dificulta respuestas efectivas por parte del Estado. Los gobiernos recientes, desde Lenin Moreno hasta Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, han mostrado serias limitaciones para abordar los problemas estructurales del país, especialmente en materia de seguridad pública.
Las medidas económicas y políticas implementadas por estos gobiernos han sido objeto de críticas y protestas nacionales, lo que ha llevado a estados de excepción recurrentes que no han logrado frenar el avance del crimen organizado. La corrupción ha permeado instituciones clave como los cuerpos policiales, el sistema penitenciario y el sistema judicial, facilitando la impunidad y el control territorial por parte de las bandas criminales.
Ecuador ha pasado de ser un territorio de tránsito para el narcotráfico a convertirse en un centro de producción y distribución de pasta de coca con destino a Estados Unidos, México, Europa y Brasil. El puerto de Guayaquil se ha consolidado como un punto neurálgico para estas actividades ilícitas. La internacionalización de las bandas locales, con vínculos con carteles mexicanos, colombianos y brasileños, ha intensificado los enfrentamientos entre grupos criminales, dando lugar a una espiral de violencia que incluye extorsiones, asesinatos y secuestros.
La violencia no solo cobra vidas; también deja profundas cicatrices en las comunidades afectadas. En Playas, los familiares de las víctimas han enfrentado obstáculos adicionales al intentar recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Denuncias recientes señalan que funcionarios del Instituto Médico Legal en Guayaquil exigen pagos indebidos y materiales para entregar los cadáveres. Además, se reporta una crisis en las morgues del país, donde más de 200 cuerpos permanecen almacenados en contenedores averiados debido a la falta de capacidad en los depósitos oficiales.
Estas denuncias reflejan un sistema colapsado que incrementa el sufrimiento de las familias ya golpeadas por la violencia. La corrupción en estas instituciones no solo agrava la crisis humanitaria, sino que también evidencia la falta de control y supervisión estatal sobre servicios esenciales.
En medio del caos, han surgido discusiones sobre si Ecuador debería adoptar políticas similares a las implementadas por Nayib Bukele en El Salvador, conocidas como la «mano dura». Durante su mandato, Bukele ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch debido a violaciones a los derechos humanos en su lucha contra las maras. Sin embargo, su enfoque punitivo ha sido alabado por algunos sectores que consideran que logró reducir significativamente los índices de violencia en su país.
El gobierno ecuatoriano ha mostrado interés en explorar estas estrategias, pero expertos advierten sobre sus limitaciones frente a la realidad ecuatoriana. Hernán Flom, del Trinity College, señala que Ecuador enfrenta problemas relacionados con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico a una escala superior a la de El Salvador. Esto implica que medidas como detenciones masivas probablemente no sean suficientes para desarticular estas organizaciones complejas.
La experiencia internacional demuestra que abordar el crimen organizado requiere más que políticas punitivas; es necesario implementar estrategias integrales que incluyan cooperación internacional y pactos transversales entre sectores públicos y privados. Además, es crucial fortalecer las instituciones estatales para combatir la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana desde una perspectiva sostenible y respetuosa de los derechos humanos.
La tragedia en Playas es un recordatorio doloroso de la urgencia de enfrentar la violencia estructural que afecta a Ecuador. Sin embargo, las soluciones no pueden basarse únicamente en medidas populistas o simplistas que prometen resultados inmediatos pero ignoran las raíces profundas del problema.
Es necesario un enfoque integral que abarque desde reformas institucionales hasta políticas sociales que reduzcan las desigualdades económicas y ofrezcan oportunidades reales a las comunidades vulnerables. La lucha contra el crimen organizado no puede ser solo una batalla militar; requiere reconstruir el tejido social e institucional del país para garantizar un futuro más seguro y justo para todos los ecuatorianos.
Mientras tanto, Playas llora a sus hijos perdidos y clama por justicia en medio de un sistema debilitado por años de abandono y corrupción. Es hora de que Ecuador enfrente sus desafíos con valentía y compromiso genuino por el bienestar colectivo. Solo así podrá romper el ciclo de violencia que amenaza con consumirlo.
