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Colombia da un paso contundente hacia una educación superior verdaderamente accesible. El Consejo de Estado, en una decisión que marca un antes y un después para millones de estudiantes, ordenó al Gobierno Nacional eliminar los cobros por el PIN de inscripción y los derechos de grado en todas las universidades públicas del país.
El fallo, expedido tras una acción de cumplimiento interpuesta por Camilo Forero, un joven abogado del Huila, obliga al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República a garantizar que ningún aspirante vuelva a pagar por inscribirse hasta en tres programas académicos. Además, ningún estudiante deberá asumir los costos administrativos para obtener su título universitario.
La medida surge tras constatar que el Ejecutivo incumplió con la reglamentación de dos leyes aprobadas en julio de 2024, que consagraban este derecho, pero que habían quedado en el limbo burocrático. La Justicia fijó un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno expida la reglamentación definitiva.
El impacto es inmediato y profundo: miles de jóvenes de escasos recursos ya no tendrán que elegir entre pagar el PIN de inscripción o aportar a la canasta básica de su hogar. Y quienes logren culminar sus estudios no enfrentarán la paradoja de tener el diploma en la mano, pero sin dinero para legalizarlo.
Este fallo histórico no solo reivindica la lucha jurídica de un joven abogado que, como muchos, sueña con un país donde nadie se quede sin estudiar por falta de dinero. También envía un mensaje claro: la gratuidad en la educación pública no puede ser un eslogan, debe ser un derecho real y exigible.
Colombia, con este paso, se suma a la aspiración global de derribar barreras para que la educación superior deje de ser un privilegio y se convierta, de una vez por todas, en un motor de oportunidades para todos.
