Desde la izquierda, el director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Zane Dangor; la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, el embajador y Observador Permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansour, y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.
Un giro contundente en la presión internacional contra Israel tomó forma este miércoles en Bogotá. Tras intensas jornadas de deliberación en el histórico Palacio de San Carlos, 32 países que integran el Grupo de La Haya acordaron cerrar filas para frenar el flujo de armas, combustible y apoyo logístico hacia Tel Aviv, en un intento por debilitar lo que calificaron como “la ocupación ilegal” en la Franja de Gaza.
La declaración conjunta, leída por el viceministro de Exteriores colombiano, Mauricio Jaramillo Jassir, marca un punto de inflexión. Los Estados firmantes se comprometen a bloquear cualquier suministro o transferencia de armas, municiones y equipos de doble uso a Israel, impedir el tránsito y atraque de barcos destinados a transportar cargamentos bélicos, y reforzar todos los controles aduaneros y portuarios bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
Pero la ofensiva diplomática no se limita a cerrar fronteras marítimas y rutas de suministro. Cada país revisará de forma urgente sus contratos públicos y privados para impedir que recursos estatales o fondos gubernamentales alimenten directa o indirectamente la maquinaria militar israelí. “No vamos a permitir que el dinero de nuestros contribuyentes financie violaciones al derecho internacional humanitario”, enfatizó Jaramillo.
La declaración no se quedó solo en buenas intenciones: 12 países -Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Iraq, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y las Granadinas y Sudáfrica- estamparon su firma de inmediato, mientras que otros 20 se comprometieron a completar consultas internas para adherirse plenamente a la totalidad de las medidas.
Entre los puntos más delicados figura la obligación de reforzar los mecanismos de justicia internacional para exigir rendición de cuentas por crímenes graves cometidos en Gaza. Los gobiernos acordaron articularse con cortes y tribunales internacionales para perseguir responsabilidades penales y administrativas, y ofrecer apoyo a todas las víctimas, sin distinción de nacionalidad.
El caso colombiano ilustra la magnitud del paso dado. Aunque el presidente Gustavo Petro había anunciado meses atrás la suspensión de exportaciones de carbón a Israel, el viceministro reconoció que ese flujo continuó bajo una figura legal que permitió sortear la restricción. Ahora, bajo este nuevo compromiso, los contratos que sostienen ese comercio deberán ser revisados uno a uno para garantizar que no alimenten, de manera directa o encubierta, la ocupación de Gaza.
La reunión de emergencia del Grupo de La Haya -un foro de coordinación jurídica y diplomática nacido tras la histórica demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia- se convocó ante la escalada de violencia que, según cifras de Naciones Unidas, ha dejado miles de civiles muertos y millones desplazados desde que se intensificaron las hostilidades en la Franja de Gaza.
Con este cerco, los firmantes envían un mensaje de ruptura: ya no bastan las declaraciones simbólicas ni las condenas en foros multilaterales. Lo que se busca es desarmar, paso a paso, la infraestructura logística y financiera que alimenta el conflicto.
No obstante, persisten preguntas sobre la viabilidad real de las medidas, la reacción de Israel y sus principales aliados, y la capacidad de los Estados firmantes para mantener bloqueos de este calibre frente a la presión de grandes potencias y mercados internacionales.
De momento, el Grupo de La Haya se convirtió, al menos sobre el papel, en un nuevo actor que promete sacudir la arquitectura de apoyo global a Israel, mientras la comunidad internacional observa si este anuncio se traduce, de verdad, en contenedores que no parten, contratos que se anulan y rutas que se cierran para siempre.
