No implica una intervención quirúrgica, sino un tratamiento farmacológico continuo que reducen significativamente la libido y los niveles de testosterona.
El presidente Daniel Noboa envió, el 11 de julio, una propuesta para reformar la Constitución y castigar a los violadores con castración química, además de la condena en prisión.
La propuesta no formaba parte de su plan de campaña, aunque sí fue abordada por candidatos a la Asamblea, como Arturo Moreno, de Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), quien planteó una nueva reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para incrementar penas a ciertos delitos e incorporar la castración química para quienes cometan delitos sexuales.
En esta ocasión, la decisión del Presiente respondería a la reciente denuncia por violación contra el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, quien habría abusado sexualmente de una menor de 12 años.
¿Qué es la castración química?
La castración química consiste en el uso de medicamentos que reducen significativamente la libido y los niveles de testosterona en los sujetos en quienes se aplican. No implica una intervención quirúrgica, sino un tratamiento farmacológico continuo, cuyos efectos desaparecen si se interrumpe su administración.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia británico, un país donde se aprobó esta pena en mayo de 2025, estudios previos en otras naciones demostraron que este tipo de intervención puede disminuir la tasa de reincidencia en delitos sexuales hasta en un 60%, «especialmente en aquellos casos donde hay un patrón compulsivo y persistente de comportamiento delictivo».
El uso de la castración química no es nuevo. Países como Polonia, Corea del Sur, Rusia y algunos estados de EE. UU. ya la aplican, en distintos grados y con distintos niveles de supervisión. En muchos de estos lugares, la decisión ha sido recibida con controversia, pero también con respaldo por parte de las víctimas y sus familias.
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