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Con la voz firme y un mensaje directo al país y al mundo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el hallazgo de una presunta fosa común en el departamento del Cesar, en el norte del país, calificando el hecho de “dantesco” y asegurando que representa “justamente lo que no puede volver a repetirse jamás en Colombia”.
«Esto es lo que queremos que no regrese más a Colombia», expresó el jefe de Estado, en una declaración que no solo apuntó a la gravedad del crimen, sino a la deuda histórica del país con las víctimas del conflicto armado interno. La aparición de restos humanos en una hacienda de propiedad privada en el municipio de El Copey, en el corazón del Caribe colombiano, ha despertado alarmas sobre la persistencia de estructuras de impunidad y silencios que aún rodean los crímenes del pasado reciente.
La investigación está siendo liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las antiguas FARC en 2016. Según reveló la magistrada Ana Caterina Heyck a la emisora W Radio, en el predio conocido como Hacienda Bethania no solo se hallaron osamentas humanas, sino también elementos que aumentan la inquietud: agujas quirúrgicas, prendas con logotipos del Gaula -unidad élite del Ejército- y testimonios que apuntan a la posible comisión de crímenes atroces como desaparición forzada, tortura y homicidio de líderes indígenas del pueblo arhuaco.
La JEP, ante la gravedad de los indicios y la negativa del propietario del terreno a cooperar con las autoridades, solicitó medidas cautelares urgentes y remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación para que adelante una investigación penal ordinaria. Cinco personas fueron mencionadas como presuntos implicados: Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, Wilson Ramírez, José Mattos y Carlos Mattos.
Según explicó la magistrada Heyck, los nombres de José y Carlos Mattos aparecen de forma recurrente en múltiples testimonios. Sin embargo, al no contar con datos completos como los segundos apellidos, y tratándose de civiles sin conexión directa con la fuerza pública o las FARC -por lo tanto, fuera del alcance directo de la JEP-, se ha pedido a la Fiscalía establecer con precisión su identidad, incluso mediante el análisis del árbol genealógico de la familia Mattos.
Este hecho reaviva con crudeza una de las heridas más profundas del conflicto colombiano: las fosas comunes, vestigios de una violencia sistemática que arrasó comunidades enteras y sumió en la incertidumbre a miles de familias. Las imágenes y relatos que emergen desde el Cesar evocan los peores capítulos de la guerra sucia latinoamericana, cuando el silencio era cómplice y la tierra ocultaba los cuerpos de quienes alzaban la voz.
Para el presidente Petro, el hallazgo no solo representa una tragedia nacional, sino un recordatorio urgente de que Colombia aún camina entre las sombras de su pasado. “Hechos como este son los que no pueden volver. Necesitamos memoria, justicia y garantías de no repetición”, insistió el mandatario, quien ha hecho de la búsqueda de la verdad y la protección de los pueblos indígenas uno de los pilares de su política de paz total.
La comunidad internacional ha seguido con atención el desarrollo de este caso, en medio de un contexto global donde las exigencias de verdad y justicia para las víctimas de crímenes de Estado se han vuelto imperativos éticos para las democracias. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado durante años la existencia de fosas clandestinas en varias regiones del país, pero el caso de El Copey recuerda que, pese a los avances, Colombia aún enfrenta una compleja red de silencios, complicidades y verdades a medias.
La esperanza ahora recae en que este episodio no se diluya entre los archivos judiciales. Que las investigaciones avancen, que los responsables —civiles o militares— respondan ante la justicia, y que las víctimas, muchas aún sin nombre ni tumba digna, puedan finalmente descansar en paz. Porque en Colombia, la paz no se construye sobre el olvido, sino sobre la verdad.
carloscastaneda@prensamecosur.org
