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Lo que comenzó como un gesto de reconciliación entre las instituciones más poderosas del Estado colombiano, convocado por la Iglesia Católica, derivó en un episodio que dejó en evidencia las tensiones profundas que aún atraviesan el país. La esperada reunión entre el presidente Gustavo Petro, los altos magistrados de las cortes, y los jefes de los órganos de control fue marcada por un momento de alta tensión que interrumpió el tono pacífico que se pretendía.
En medio de un discurso donde el presidente arremetió con dureza contra el trámite legislativo de la reforma laboral, el ambiente cambió de inmediato. Las palabras de Petro, lejos de ser recibidas como una reflexión constructiva, fueron interpretadas por varios asistentes como una provocación. La incomodidad se hizo visible cuando el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, se levantó de su silla y abandonó la mesa. Su retiro, silencioso pero elocuente, fue interpretado como un acto de protesta.
El magistrado Ibáñez tomó la decisión por dos razones de fondo: preservar el espíritu de respeto mutuo con el que se había concebido el encuentro, y evitar cualquier señal de conflicto de interés, dado que su despacho será el encargado de estudiar la constitucionalidad del controvertido decreto firmado por Petro y su gabinete. La escena fue breve, pero contundente. Mostró que las heridas institucionales no han sanado del todo y que el diálogo aún debe sortear profundos desencuentros.
A pesar del incidente, la jornada cerró con un documento firmado por todos los presentes, en el que se reiteró el compromiso con la palabra como herramienta de entendimiento. “Escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad; desarmar y armonizar la palabra, y rechazar todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sociales”, señala el texto. Una declaración necesaria en tiempos donde el lenguaje político ha sido, con frecuencia, un campo de batalla.
Mientras tanto, en el Congreso de la República se libra otra batalla: la del articulado de la nueva reforma laboral. La iniciativa, que ha generado intensos debates y divisiones, fue nuevamente discutida este lunes en el Senado. De los más de 90 artículos que la componen, 19 siguen siendo punto de controversia. En un intento por avanzar, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvieron una reunión clave con el presidente Petro, presentándole una nueva propuesta que busca allanar el camino para la aprobación del proyecto.
La decisión ahora está en manos del mandatario. Si da su aval, la bancada oficialista podría desbloquear la votación, justo cuando empieza a sonar con fuerza la posibilidad de una “consulta popular 2.0” en caso de que la reforma no logre salir del Congreso. Lo que ocurra en los próximos días marcará el destino inmediato de una de las promesas emblemáticas del gobierno, en medio de un ambiente político polarizado y crecientemente impaciente.
Colombia, una vez más, se encuentra en una encrucijada donde la palabra, el consenso y la institucionalidad serán puestos a prueba.
