Millonario conflicto societario sacude a una gigante marítima con operaciones en Uruguay

Navíos South American Logistics (NSAL), una de las principales empresas de logística marítima de la región, atraviesa un complejo litigio judicial en Uruguay y Estados Unidos, marcado por acusaciones de irregularidades financieras, disputas entre accionistas y demandas cruzadas.

La Justicia uruguaya ordenó la intervención de un veedor independiente para acceder a información financiera de la compañía, a pedido de Peers Business Inc., accionista minoritario con el 36,2% del capital. Según denunció, NSAL se habría negado a entregar datos clave sobre operaciones y decisiones del directorio. El juez civil Darwin Rampoldi dio curso a la medida cautelar y designó al contador Mario Zugarramurdi, de la consultora BDO Uruguay, para elaborar un informe en seis meses.

NSAL —con sede legal en Islas Marshall, pero casi el 90% de su actividad en Uruguay— es un holding de gran peso en la Hidrovía Paraná-Paraguay, con inversiones que superan los US$ 600 millones en Uruguay. En Nueva Palmira, opera terminales de minerales, granos y graneles líquidos.

El conflicto escaló a nivel internacional. En Nueva York, NSAL demandó por fraude y malversación a los hermanos Claudio y Carlos López, dueños de Peers y exdirectivos de la empresa. La denuncia incluye desvío de fondos, manipulación de licitaciones y uso indebido de recursos, por un total reclamado de US$ 21 millones. Los acusados niegan los cargos y afirman ser víctimas de una maniobra para desplazarlos de la sociedad.

Uno de los puntos más sensibles es la emisión de bonos por US$ 500 millones en 2020. Según Peers, el plan de financiamiento para cubrir ese compromiso —con préstamos que podrían convertirse en acciones— representa una maniobra para diluir su participación accionaria. Además, objetan que la empresa fue valuada en US$ 330 millones, cuando informes de KPMG y Deloitte estimaban su valor real en más de US$ 1.000 millones.

También está en discusión si Uruguay tiene jurisdicción sobre una empresa registrada en Islas Marshall. Los demandantes sostienen que esta sede es apenas una fachada legal, dado que las operaciones y activos principales están en suelo uruguayo.

Mientras tanto, la empresa sigue adelante con su estrategia de expansión. Corporación Navíos, parte del grupo, presentó un proyecto de inversión de US$ 100 millones en la Zona Franca de Nueva Palmira, y en 2024 inauguró una nueva terminal de graneles líquidos con presencia del expresidente Luis Lacalle Pou.

El litigio aún está lejos de resolverse y podría tener repercusiones tanto legales como económicas en uno de los actores clave del comercio fluvial sudamericano.

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