Imagen Supersalud- cuenta en X : Maria Niny Echeverry
En medio de un sistema de salud sacudido por el colapso administrativo, la desconfianza ciudadana y una atención fragmentada, Colombia ha dado una señal de alerta institucional. Esta semana, la Superintendencia Nacional de Salud, órgano estatal encargado de velar por los derechos de los usuarios en el sistema sanitario, intervino de manera directa en uno de los focos más sensibles de crisis: la ciudad de Bucaramanga, donde más de 1.600 reclamaciones médicas se mantenían en el limbo desde hace meses.
La acción, que tuvo lugar en la sede de la Clínica FOSCAL, fue encabezada por María Niny Echeverry, delegada para la Protección al Usuario de Supersalud, quien asumió un rol clave en la articulación de soluciones entre la Nueva EPS -una de las aseguradoras con mayor número de afiliados en el país- y los prestadores de servicios de salud de la región.
“Estamos aquí no como observadores, sino como garantes del derecho a la salud”, declaró Echeverry con firmeza. Su presencia no solo representó una voz institucional, sino un mensaje político claro: la salud de los colombianos no puede seguir dependiendo de tiempos burocráticos ni de la inercia de las entidades prestadoras.
En cumplimiento de las directrices trazadas por el superintendente Giovanny Rubiano, la funcionaria lideró una mesa de trabajo que se extendió por varias horas, con el objetivo de destrabar un conjunto de casos que reflejan una crisis mucho más profunda y estructural. Las denuncias, acumuladas por meses, van desde demoras en cirugías urgentes, falta de entrega de medicamentos esenciales, hasta la imposibilidad de acceder a tratamientos vitales para pacientes crónicos.
María Niny Echeverry, con una trayectoria sólida en la defensa de los usuarios del sistema, enfatizó que la Superintendencia no permitirá que la salud siga siendo un servicio condicionado por la capacidad de respuesta empresarial. “Coincidimos en que se deben intensificar los esfuerzos conjuntos, con compromisos verificables, para garantizar que los ciudadanos reciban una atención digna, oportuna y eficaz. No es negociable”, añadió.
La figura de Echeverry ha venido ganando visibilidad en el escenario nacional por su tono directo y su capacidad de interlocución con actores públicos y privados. Su liderazgo en esta intervención reafirma el papel de Supersalud como actor activo en la transformación del sistema, no solo como ente regulador, sino como voz vigilante de los derechos fundamentales.
La situación en Bucaramanga es un espejo de lo que ocurre en muchas otras regiones del país, donde el sistema sanitario parece operar más en función de balances financieros que del bienestar humano. La Superintendencia, al asumir esta intervención de emergencia, busca no solo soluciones inmediatas, sino dejar un precedente: el Estado no puede permitir que el silencio administrativo se convierta en una forma de exclusión sanitaria.
En tiempos donde el debate sobre la reforma al sistema de salud en Colombia ha alcanzado un tono nacional, estas acciones adquieren un valor especial. No se trata únicamente de resolver expedientes acumulados, sino de comenzar a cerrar la distancia entre la ley y la realidad, entre el derecho constitucional a la salud y la experiencia diaria de quienes esperan una cita médica, un diagnóstico o un tratamiento que no llega.
“Trabajamos para que la salud sea un derecho de todos”, reiteró Echeverry, una frase que en su voz no suena a consigna burocrática, sino a urgencia moral.
La comunidad internacional observa con atención. En países donde los sistemas sanitarios enfrentan desafíos similares, el caso colombiano podría convertirse en un punto de inflexión o, en su defecto, una advertencia. Porque cuando el Estado llega tarde a la salud, ya no hay reformas que alcancen.
carloscastaneda@prensamercosur.org
