Gerente regional del DPS, Ányel Ardila Naranjo
En un país donde el desplazamiento forzado ha dejado cicatrices profundas, el Gobierno de Colombia vuelve a tender la mano a quienes más lo necesitan. Más de 600 familias víctimas del conflicto armado en el departamento del Meta serán acogidas por la décima versión del programa ‘Familias en su Tierra’ (FEST), una de las estrategias más significativas de restitución social lideradas por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Con una inversión nacional que supera los 334.000 millones de pesos y presencia en 18 departamentos, el programa busca reconstruir no solo hogares, sino también confianza, tejido social y dignidad. La intervención llegará, en esta etapa, a municipios clave del Meta: Puerto Gaitán, donde se beneficiarán 160 hogares, y La Macarena, con 480 hogares focalizados, todos víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y reportadas oficialmente como desplazadas por la violencia.
El gerente regional del DPS, Ányel Ardila Naranjo, confirmó el inicio de esta implementación para el segundo semestre de 2025, destacando que esta nueva versión del FEST no se limita a la entrega de subsidios, sino que articula acciones estructurales: acompañamiento social y comunitario, acceso a alimentos para el autoconsumo, mejoramiento de vivienda y el impulso a proyectos productivos. «Se trata de dar oportunidades reales, no solo asistencialismo», señaló.
La ayuda se materializará a través de dos tipos de incentivos. Por un lado, apoyos en especie, que incluyen herramientas, materiales y recursos productivos. Por el otro, transferencias económicas directas, que serán otorgadas únicamente tras la aprobación de planes de negocio construidos por los mismos beneficiarios, promoviendo así la autonomía y sostenibilidad económica de las familias.
El programa se desplegará también en otros departamentos que han vivido con intensidad las secuelas del conflicto armado, como Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, entre otros. Todos ellos representan territorios donde el abandono del Estado fue, por décadas, el mayor generador de exclusión.
Los requisitos para ingresar a esta iniciativa son estrictos y buscan garantizar la transparencia y pertinencia: los aspirantes deben ser mayores de edad, colombianos, residir en zonas focalizadas, estar registrados como víctimas de desplazamiento forzado y no haber participado en versiones anteriores del mismo programa ni en otros planes de inclusión productiva del Gobierno.
En medio de un país que aún se sacude por los ecos de la guerra, este anuncio es más que una política pública: es una afirmación ética de que los desplazados no están solos, y de que hay un Estado que, aunque tarde, intenta reparar.
‘Familias en su Tierra’ no solo planta semillas en el suelo: siembra dignidad, cultiva esperanza y, sobre todo, cosecha futuro.
carloscastaneda@prensamercosur.org
