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En una decisión sin precedentes que pone en el centro la voz del pueblo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles el decreto que convoca oficialmente a una consulta popular de carácter nacional para el próximo 7 de agosto de 2025, fecha emblemática en la historia del país y día en que el mandatario entra en el último año de su periodo constitucional. La consulta permitirá que los colombianos y colombianas se pronuncien directamente sobre la reforma laboral estructural que el Congreso rechazó, pero que millones de trabajadores han defendido como una necesidad impostergable.
Con esta decisión, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una democracia participativa real, en la que los grandes temas de interés público no queden secuestrados por intereses corporativos ni por bloqueos legislativos. En palabras del artículo 2 del decreto firmado por el jefe de Estado: “Convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que, en ejercicio de su soberanía, el día siete (7) de agosto de 2025 decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional”.
La medida fue tomada luego de una larga y tensa disputa entre el Ejecutivo y el Senado. En marzo, la reforma laboral presentada por el Gobierno fue rechazada por la Cámara Alta. Más tarde, el 14 de mayo, esa misma corporación volvió a cerrar la puerta al negar el permiso para que la ciudadanía pudiera decidir mediante consulta popular. El presidente Petro no solo lamentó esta decisión, sino que la calificó como inconstitucional y contraria al espíritu democrático, señalando que en dicha votación hubo irregularidades que desnaturalizaron el procedimiento legislativo.
“La reforma laboral fue derrotada con trampa”, dijo el mandatario tras conocer los resultados de esa sesión parlamentaria, donde 49 senadores votaron en contra frente a 47 que apoyaban la consulta. A pesar del revés, Petro optó por acudir a lo que considera el recurso más legítimo: la voluntad popular.
En el decreto, el Gobierno argumenta que el acto del Senado del 14 de mayo carece de validez constitucional, ya que desconoce el derecho del Ejecutivo -con la firma de todos sus ministros- de acudir a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana directa, según lo establece el ordenamiento jurídico colombiano.
El mensaje del Gobierno ha sido claro: esta convocatoria no busca imponer, sino construir. El ministro del Interior, Armando Benedetti, lo expresó así ante los medios: “No es una amenaza contra el Congreso, es una invitación al diálogo nacional. El decreto puede ser derogado si el Congreso aprueba íntegramente la reforma laboral que ya recibió el respaldo de la Cámara de Representantes. Pero si no lo hace, será el pueblo quien decida”.
La consulta del 7 de agosto, que ya genera expectativa a nivel nacional e internacional, no solo es una cita con las urnas. Es un punto de inflexión en la historia política reciente de Colombia. Es también una respuesta firme y ética de un gobierno que, pese a los obstáculos, sigue apostando por transformar el país desde abajo, desde la justicia social y desde el reconocimiento de los derechos fundamentales.
El presidente Petro ha defendido desde el primer día la necesidad de una reforma laboral que garantice la dignidad en el trabajo, reduzca la informalidad y proteja a los sectores históricamente precarizados. Pese a las presiones políticas y económicas, el Gobierno ha elegido no negociar sus principios, y en su lugar ha abierto el camino para que el pueblo hable y decida.
El 7 de agosto no será un día cualquiera. Será una jornada cargada de simbolismo histórico, donde Colombia podrá mirarse al espejo y decidir si avanza hacia una sociedad más justa o si permanece anclada a los privilegios de siempre. El Gobierno del cambio ha dado un paso audaz, y ahora es la ciudadanía quien tiene la palabra final.
En tiempos donde la desconfianza en las instituciones crece, la decisión de Petro envía un mensaje potente: la democracia no se limita al Congreso; también se ejerce en las plazas, en los hogares, en cada voto libre y consciente. Y ese mensaje, más allá de Colombia, resuena en toda América Latina.
carloscastaneda@prensamercosur.org
