Una nación soberana no pide permiso para consultar a su pueblo
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El presidente colombiano Gustavo Petro lanzó este jueves una contundente respuesta a la organización internacional Human Rights Watch, luego de que su directora para las Américas, Juanita Goebertus, cuestionara la legalidad del decreto presidencial que convoca a una Consulta Popular. La ONG denunció que dicha convocatoria sería inconstitucional al no contar con el concepto previo favorable del Senado, una afirmación que encendió los ánimos del mandatario.
“Oigan, respeten. La constitucionalidad o no, es la decisión de una nación y un pueblo soberano, no de una organización extranjera”, escribió Petro en su cuenta de X, visiblemente molesto por lo que considera una intromisión en asuntos internos de Colombia.
Las declaraciones del presidente no solo buscan cerrar filas en torno a su iniciativa, sino también marcar una línea roja frente a actores internacionales que, según él, deslegitiman un proceso que se plantea como una expresión directa del poder constituyente.
La controversia estalló después de que el Gobierno firmara el llamado “decretazo” para convocar a los ciudadanos a las urnas en 2025. La medida permitiría consultar directamente al pueblo sobre reformas estructurales que han encontrado resistencia en el Congreso. En palabras del propio Petro: “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo… son respondidos positivamente por el Congreso”.
El mensaje es claro: si el poder legislativo no avanza en las reformas sociales propuestas, será el pueblo quien defina el rumbo del país.
Desde Human Rights Watch, Goebertus expresó su preocupación por lo que considera una violación del Estado de derecho. “La convocatoria a consulta popular vía decreto sin concepto previo favorable del Senado es inconstitucional. Confiamos en las instituciones -Consejo de Estado, Corte Constitucional y Registraduría- que deberán proteger el Estado de derecho. Cuentan con nuestro apoyo”, afirmó.
El choque entre el jefe de Estado y la organización internacional no es menor. Refleja un momento de alta tensión institucional en Colombia, donde se debate no solo la forma de hacer política, sino también los límites entre la soberanía democrática y los estándares internacionales de legalidad. Mientras tanto, el decreto ya ha sido enviado a revisión de la Corte Constitucional.
En un contexto de polarización creciente, Petro refuerza su narrativa de cambio estructural y enfrenta de frente a quienes, desde dentro o fuera del país, critican sus métodos. El debate apenas comienza, pero la señal enviada al mundo es inequívoca: en Colombia, la última palabra -al menos según Petro- la tiene el pueblo.
carloscastaneda@prensamercosur.org
