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En un encendido discurso desde Cali, durante la multitudinaria “Gran Concentración por la Paz y la Democracia”, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una de las declaraciones más contundentes e inquietantes de su mandato: la existencia de un presunto complot internacional para derrocarlo, en el que estarían involucrados sectores de la extrema derecha colombiana y figuras políticas de alto nivel en Estados Unidos.
«Le hice escuchar una grabación a la fiscal general», reveló el mandatario, «en la que un dirigente de la extrema derecha en Colombia, que no es Uribe, aparece aliado con el narcotráfico para promover un golpe de Estado, con apoyo de fuerzas tanto en Colombia como en Estados Unidos».
Aunque evitó mencionar nombres concretos, Petro describió un entramado de conspiración con raíces dentro y fuera del país, cuyo objetivo sería frenar por la fuerza su proyecto de transformación política y social. Lo que parecía una advertencia interna, escaló rápidamente a una denuncia de alcance continental cuando afirmó que “un presidente vecino” le habría dicho que “Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí”.
El señalamiento al senador republicano por Florida, uno de los más duros críticos de gobiernos progresistas en América Latina, abre un capítulo inédito de tensión diplomática. La denuncia no solo involucra a actores nacionales vinculados a estructuras ilegales, sino que apunta directamente a la injerencia de Estados Unidos en la política interna colombiana.
«Le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que lo que tiene que hacer es entrar en un diálogo con esos pueblos», afirmó Petro, apelando a la necesidad de reconocer la voz y los derechos de las comunidades migrantes latinoamericanas que residen en EE. UU., muchas de ellas en condición irregular.
En su rol de presidente pro tempore de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Petro también se dirigió directamente al expresidente Donald Trump: “Le digo, como presidente de la CELAC, que ha llegado la hora del diálogo y no de la soberbia”.
La gravedad de estas afirmaciones no pasó desapercibida. En un país que todavía cicatriza heridas provocadas por décadas de violencia política, la posibilidad de una ruptura institucional patrocinada por alianzas entre actores ilegales y figuras extranjeras genera inquietud dentro y fuera del territorio nacional.
Petro insistió en la necesidad de defender la democracia colombiana ante cualquier intento de desestabilización, advirtiendo que la paz, por la que tantos han luchado durante décadas, no puede ponerse en juego por intereses oscuros, ya sean internos o foráneos.
La comunidad internacional observa con atención. Lo que está en juego no es solo el mandato de un presidente, sino la estabilidad de una de las democracias más frágiles pero también más resilientes del continente.
