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El país vive horas de incertidumbre y conmoción tras el brutal atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, quien fue atacado a tiros mientras participaba en un evento público en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El hecho ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio, cuando el senador finalizaba su intervención ante decenas de asistentes. La política nacional, una vez más, se tiñe de sangre.
Testigos relatan que, mientras Uribe respondía preguntas de ciudadanos que se acercaron a escuchar sus propuestas, un hombre se acercó por la espalda y disparó tres veces a quemarropa. Las balas impactaron en su cabeza, cara y espalda. En cuestión de segundos, lo que era un acto de campaña se transformó en una escena de pánico. Gritos de auxilio, disparos de respuesta del esquema de seguridad, y una multitud desconcertada marcaron un momento que desde ya se perfila como uno de los más oscuros del calendario electoral colombiano.
Videos difundidos en redes sociales muestran la crudeza del instante: el precandidato, inconsciente y visiblemente herido, es sostenido por dos hombres mientras otro presiona su cabeza en un intento desesperado por frenar la hemorragia. Una ambulancia que transitaba por la zona acudió al llamado de emergencia y trasladó al senador al Medical Center de Engativá, donde permanece en una unidad de cuidados intensivos. Su estado de salud es crítico pero estable, según reportes preliminares entregados por fuentes médicas a medios locales.
El impacto del atentado ha sido inmediato en el espectro político nacional. Desde la dirigencia del Centro Democrático se emitió un comunicado condenando el crimen y exigiendo protección para todos los candidatos que han asumido el desafío de representar propuestas democráticas en las próximas elecciones presidenciales. El partido calificó el ataque como un acto “cobarde y criminal que pone en riesgo la democracia y recuerda los tiempos más aciagos de nuestra historia reciente”.
En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables intelectuales y materiales del atentado. De manera preliminar, se ha confirmado que al menos dos personas participaron en el ataque, una de ellas menor de edad, quien ya se encuentra bajo custodia policial en el CAI de Modelia. El segundo implicado habría sido capturado poco después del tiroteo, gracias a la rápida reacción de los escoltas del senador.
Pero fue el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro el que acaparó la atención nacional e internacional. En un gesto inusual entre rivales políticos, el mandatario expresó su solidaridad con la familia Uribe Turbay y condenó el uso de la violencia como herramienta de disputa electoral: “Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia”. Y agregó en otro mensaje: “Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria”.
El ataque contra Miguel Uribe revive con fuerza el miedo latente que atraviesa cada elección en Colombia. La sombra de la violencia política -que ya ha cobrado la vida de múltiples líderes a lo largo de las últimas décadas- amenaza con empañar un proceso democrático que apenas empieza a configurarse. Uribe Turbay, abogado y senador, nieto del expresidente Julio César Turbay y heredero de una de las familias más visibles del escenario político colombiano, se perfilaba como una de las figuras con mayor proyección de la derecha en la contienda presidencial que se avecina.
Más allá del hecho en sí, lo ocurrido este sábado lanza un mensaje inquietante a todos los actores políticos del país: la intolerancia, los odios acumulados y las redes criminales que aún operan en la sombra siguen dispuestas a silenciar las voces que no se alinean con sus intereses.
La comunidad internacional también ha comenzado a reaccionar. Líderes de América Latina y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la seguridad del proceso electoral colombiano, y han instado al gobierno a tomar medidas efectivas para garantizar un clima de respeto y no violencia.
A esta hora, las autoridades avanzan en la investigación y mantienen estricta vigilancia sobre posibles amenazas contra otros candidatos. La Fiscalía ha prometido esclarecer rápidamente los hechos, y la Unidad Nacional de Protección evalúa reforzar los esquemas de seguridad de figuras públicas en campaña.
Colombia observa con angustia, y con una pregunta que resuena en cada rincón del país: ¿será posible construir un proceso electoral libre de sangre? Lo ocurrido con Miguel Uribe no es solo una agresión contra una persona o un partido: es una herida profunda a la esperanza democrática de una nación que aún sueña con dejar atrás su larga historia de violencia.
