Imagen Infopresidencia
En una decisión que marca un punto de quiebre institucional en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará por decreto una consulta popular, luego de que el Senado negara su trámite legislativo. La determinación, hecha pública tras el Consejo de Ministros del 3 de junio, ha provocado un terremoto político en el país, con apoyos fervientes desde sectores afines al Gobierno y un rechazo tajante por parte de la oposición y el empresariado.
La figura jurídica que utilizará el Ejecutivo fue defendida por su asesor, el exfiscal Eduardo Montealegre, quien sostuvo que el procedimiento en el Congreso presentó «vicios de inconstitucionalidad insubsanables», lo que, en su concepto, anula la decisión parlamentaria. Con este argumento, el Gobierno habilita un mecanismo excepcional: recurrir a un decreto presidencial para devolverle al pueblo la posibilidad de pronunciarse.
Las reacciones fueron inmediatas y apasionadas. Desde el bloque oficialista, la senadora Gloria Flórez, presidenta del Pacto Histórico, no escatimó en palabras: “Si el Senado le quiso cerrar la puerta en la cara al pueblo trabajador con trampas y jugaditas, el Gobierno le dará la llave y la posibilidad de decidir sobre sus propios derechos”. Su compañera de bancada, Isabel Zuleta, fue más allá al denunciar lo que calificó como un doble estándar: “Es paradójico ver a tantos analistas gritar ‘autoritarismo’ cuando el presidente defiende el mandato popular, pero guardaron silencio cuando Efraín Cepeda amañó la votación para hundir la consulta. No hay nada más autoritario que hacer trampa para impedir que el pueblo se exprese”.
El respaldo no se limitó al Congreso. Desde Barranquilla, el concejal del Polo Democrático Toño Bohórquez calificó la medida de “legítima y necesaria”, mientras que José Cuesta, concejal de Bogotá por Colombia Humana, celebró que el Gobierno “se conecte con el sentimiento mayoritario del país”. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aplaudió lo que consideró una rectificación histórica: “Se va a emitir un decreto para convocar la consulta lo más pronto posible. Buena noticia”.
Sin embargo, la reacción de los sectores contrarios no tardó en llegar. Ocho partidos políticos —incluidos el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Liberal— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron con firmeza la convocatoria por decreto. A su voz se sumó la del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien advirtió que la Carta Magna es clara: “El artículo 104 exige concepto previo del Senado para proceder con una consulta popular. Ese concepto ya fue negativo”. En la misma línea, el Consejo Gremial Nacional expresó su “profundo rechazo y preocupación” frente al anuncio presidencial, y recordó que “las reformas estructurales deben ser debatidas por los congresistas elegidos por el pueblo”.
En el corazón de esta controversia late una pregunta fundamental: ¿quién tiene la última palabra en las grandes decisiones de país? Mientras el Gobierno insiste en que es el pueblo quien debe decidir directamente sobre temas clave para el futuro de Colombia, sus detractores ven en este paso un debilitamiento de la institucionalidad y una peligrosa deriva hacia el poder personalista.
La consulta aún no tiene fecha, pero ya ha abierto una grieta en la arquitectura democrática del país. Y en medio del cruce de acusaciones, una certeza emerge: Colombia se prepara para una batalla sin precedentes, donde no solo está en juego una reforma, sino la legitimidad del poder y el modelo de democracia que marcará el rumbo de los próximos años.
carloscastaneda@prensamercosur.org
