El Gobierno asegura que las deportaciones masivas de EE.UU. pueden afectar al país sudamericano.
El presidente de Argentia, Javier Milei, oficializó este jueves, a través de un decreto, una reforma migratoria que endurece los requisitos para obtener residencias y nacionalidades y que permite el cobro de servicios de educación y salud para extranjeros.
Las nuevas normas, que fueron publicada en el Boletín Oficial, modifican las históricas políticas migratorias de un país conocido por las facilidades que ofrecía a los extranjeros. De hecho, el preámbulo de su Constitución convoca a «todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino».
En el decreto, por el contrario, se subraya de manera insistente en «el riesgo» que representan las personas migrantes en el contexto actual de las deportaciones masivas ordenadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump y en las que están incluidos 138.000 ciudadanos sudamericanos.
«La cifra crecerá en una proporción importante (…) las facilidades extremas que existen actualmente para entrar y permanecer en el territorio nacional, así como de utilizar sin cargo los servicios de salud y educación, permiten prever que resulta probable que una proporción importante de esos deportados se radique o intente radicarse en nuestro territorio», afirmó.
Una inmigración de este tipo, agregó, «generaría un impacto en la economía y en los servicios esenciales de la población (…) representa una ineludible señal de alerta«.
El decreto también relaciona de manera insistente a los «inmigrantes irregulares» con «amenazas a la seguridad pública» y posibles aumentos de criminalidad; y al «turismo de natalidad», es decir, de personas extranjeras que supuestamente tienen hijos argentinos para obtener la nacionalidad, aunque no ofrece cifras de casos.
También asegura que, actualmente, en Argentina hay por lo menos 402.213 inmigrantes irregulares, lo que representa menos del 1,0 % de la población total del país.
Cambios
La publicación del decreto implica que la reforma migratoria ya está vigente, por lo que a partir de ahora todos los extranjeros tendrán que presentar una declaración jurada en la que expliquen por qué quieren entrar al país.
Además, deberán contar con un seguro médico que garantice que no harán uso gratuito del sistema de salud. Todos los extranjeros no residentes que se atiendan en los hospitales públicos tendrán que pagar por dichos servicios.
Con respecto a la educación pública, se mantiene la gratuidad en la educación básica (primaria y secundario) para los menores extranjeros sin importar su situación migratoria. El cambio central se da en la universidad, en donde se habilita el cobro de aranceles a residentes no permanentes.
La gratuidad sólo aplicará para los extranjeros con residencia permanente, por lo que se endurecen los requisitos para obtener esta categoría migratoria, así como para la ciudadanía. Por ejemplo, los interesados deberán haber permanecido por lo menos durante dos años en el país, sin haber viajado al exterior.
Solo se facilitará el trámite en caso de extranjeros que realicen «una inversión relevante en el país», cuyo monto no se especifica en el decreto pero que equivale a comprar la ciudadanía.
actualidad.rt.com
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