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En una decisión que podría marcar un antes y un después en la administración de justicia en Colombia, el Congreso de la República aprobó este martes, en su último debate, el ambicioso proyecto de Reforma a la Justicia. La iniciativa, respaldada de forma unánime por la plenaria de la Cámara de Representantes con 96 votos a favor, busca transformar profundamente el funcionamiento del sistema penal colombiano, apostando por una justicia más cercana, eficiente y centrada en las víctimas.
El Proyecto de Ley 281 de 2024 Senado -fruto de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación- propone una reingeniería del sistema judicial, en respuesta a una crisis de congestión que ha dejado decenas de miles de procesos estancados, algunos durante más de una década, con más de 43.000 casos prescritos en los últimos años.
Desde el Congreso, el ministro (e) de Justicia, Augusto Ocampo, celebró la aprobación como un avance esencial para el país. “Es un paso decisivo hacia una justicia más equitativa, una justicia que se sienta en la piel del ciudadano. Hoy gana la administración, gana la institucionalidad y gana Colombia”, declaró.
La reforma apunta directamente al corazón de uno de los problemas estructurales del sistema: la lentitud. El nuevo diseño legal permitirá que las sentencias penales se emitan en tiempos que oscilen entre uno y doce meses, lo que no solo significa mayor celeridad, sino un significativo ahorro de recursos para el Estado.
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, el proyecto representa “una oportunidad para devolverle a la ciudadanía la confianza en la justicia”, mientras que el magistrado Gerson Chaverra subrayó que el articulado aprobado “concreta una justicia cierta, real y efectiva”.
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Entre las medidas que componen la reforma destacan la implementación de mecanismos de reparación integral a las víctimas, la ampliación de beneficios por aceptación de cargos -incluso en casos de flagrancia- y un régimen de rebajas de pena sujeto a estrictas condiciones. También se fortalece el principio de oportunidad, permitiendo suspender términos procesales y evitar que los delitos prescriban por vencimiento de plazos.
Además, el uso de pruebas anticipadas será una herramienta clave para acelerar los procesos sin sacrificar garantías. Todo ello se enmarca en el objetivo de recuperar la esencia del sistema penal acusatorio: una justicia eficiente, transparente y centrada en las personas.
Tras esta aprobación, la iniciativa pasa ahora a trámite de conciliación entre Senado y Cámara, antes de ser enviada a sanción presidencial. De convertirse en ley, Colombia podría estar a las puertas de una de las reformas judiciales más trascendentales de su historia reciente, una que no solo moderniza el aparato judicial, sino que también reconcilia a los ciudadanos con la promesa de justicia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
