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En un movimiento que ya marca un antes y un después en la política colombiana, el presidente Gustavo Petro confirmó este martes que, si el Congreso no se pronuncia antes del 1 de junio, convocará una consulta popular por decreto para revivir su reforma laboral. Lo hará, según dijo, “en cumplimiento estricto de la ley” y en defensa de un derecho fundamental: la voluntad popular.
La decisión del mandatario surge tras lo que él y su equipo califican como una maniobra parlamentaria irregular para sepultar una iniciativa respaldada por la mayoría de la plenaria del Senado. En palabras del presidente, la sesión fue clausurada de manera abrupta y sin permitir el voto de varios senadores que ya estaban presentes, lo que, en su visión, constituye un claro atentado contra la democracia representativa. “Solo cumpliré la ley. Por hacer trampas y fraude contra la consulta, a pesar de que había mayoría a favor, levantaron la sesión para impedir que el pueblo pudiera decidir”, señaló Petro, visiblemente indignado.
El jefe de Estado no está solo en su denuncia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció un relato detallado de los hechos, señalando que en medio de una sesión confusa, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, alteró el orden del día sin someter a votación una proposición clave, viciando todo el trámite legislativo. “Apagaron el micrófono, ignoraron el procedimiento, y pasaron al siguiente punto sin permitir el debate. Ese no es un Congreso que respete las formas democráticas”, afirmó Benedetti.
Desde el Ejecutivo, se argumenta que lo ocurrido no fue un simple error de procedimiento, sino una estrategia deliberada para bloquear una propuesta que contaba con respaldo mayoritario. “No se hundió la reforma por falta de votos. Se hundió porque algunos decidieron sabotear la democracia desde la mesa directiva del Senado”, advirtió una fuente cercana al Palacio de Nariño.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió amenazando con acudir a la justicia si Petro concreta la consulta por decreto. No obstante, para muchos juristas cercanos al Ejecutivo, la posibilidad está amparada en la Constitución, especialmente cuando lo que está en juego es la participación ciudadana directa como mecanismo legítimo para dirimir los grandes temas nacionales.
Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha defendido su reforma laboral como una herramienta para dignificar el trabajo y reducir las profundas desigualdades que por décadas han marcado la economía del país. La consulta popular, en su visión, no es un capricho presidencial, sino una vía legal y necesaria cuando el Congreso actúa en contra del interés general.
Este pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo no solo enfrenta visiones opuestas de país, sino que podría sentar un precedente determinante para el futuro institucional de Colombia. En juego no está solo una reforma, sino el principio de que el pueblo tiene la última palabra.
Con el reloj marcando la cuenta regresiva hacia el 1 de junio, Petro apuesta su capital político en una jugada arriesgada pero coherente con su promesa de transformar las estructuras históricas del poder en Colombia. El desenlace podría redefinir los límites del presidencialismo en América Latina o, por el contrario, consagrar la fuerza renovadora de la participación directa.
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