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En una contundente respuesta al contrabando que amenaza la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de miles de familias campesinas, el Gobierno de Colombia ha dado un nuevo golpe en la frontera y activado una serie de medidas para blindar al sector arrocero, uno de los pilares de la producción agrícola nacional.
El Ministerio de Agricultura, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y autoridades de países vecinos, ejecutó 13 operativos en zonas limítrofes, logrando la incautación de cargamentos ilegales de arroz avaluados en más de 235 millones de pesos. En total, se realizaron 21 decomisos en una operación que ha sido destacada como un avance clave en la estrategia para contener el ingreso irregular de productos que distorsionan el mercado interno y golpean a los agricultores locales.
Los resultados fueron presentados durante una mesa técnica de alto nivel con representantes de Dignidades Agropecuarias y voceros del sector arrocero de los departamentos del Meta, Casanare y Arauca, regiones especialmente vulnerables al impacto económico del contrabando. La reunión se dio en seguimiento a los compromisos adquiridos tras el levantamiento del paro arrocero en marzo de este año, y dejó como resultado nuevas acciones de corto y mediano plazo para asegurar la estabilidad del sector.
Uno de los puntos centrales fue la activación del registro obligatorio de intención de siembra para el segundo semestre de 2025, el cual deberá ser realizado a través del aplicativo del ICA o directamente en las seccionales regionales. Este registro busca anticiparse a eventuales excedentes de producción, coordinar apoyos técnicos y garantizar que la rentabilidad de los productores no se vea comprometida por un desbalance en la oferta.
Pero la ofensiva del Gobierno no se limita al control de las fronteras. En paralelo, el Ministerio de Agricultura anunció un nuevo Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios, dotado con una inversión inicial de 7.000 millones de pesos. Los beneficiarios serán pequeños y medianos productores de arroz en zonas estratégicas como la Costa Norte, Bajo Cauca, Santanderes, la región Centro y los Llanos Orientales.
La estrategia contempla también el fortalecimiento de herramientas financieras para enfrentar los riesgos del campo. Entre ellas, el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA) y el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa), diseñados para ofrecer respaldo económico ante emergencias climáticas, plagas o enfermedades que puedan poner en jaque las cosechas.
Con estas acciones, Colombia busca no solo frenar el contrabando de alimentos, sino consolidar un modelo de desarrollo agrícola que garantice competitividad, sostenibilidad y justicia económica para quienes trabajan la tierra. En un contexto regional donde los mercados ilegales de alimentos cruzan las fronteras con facilidad, el país se posiciona con decisión para proteger la soberanía alimentaria y devolver la confianza a un sector estratégico.
carloscastaneda@prensamercosur.org
