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Desde la Ciudad del Vaticano, en el marco de una audiencia privada con el papa León XIV, el presidente colombiano Gustavo Petro emitió una de las declaraciones más contundentes de su mandato. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el jefe de Estado expresó su profunda preocupación ante una eventual decisión del Consejo de Estado que pondría en entredicho la elección de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. La calificó como un escenario de «extrema gravedad» para el país.
“Sería extremadamente grave para Colombia y su futuro, por décadas, que la Fiscalía General de la Nación fuese devuelta al cartel de la toga y a los fiscales al servicio de la junta del narcotráfico”, escribió Petro en un trino cargado de tensión institucional. Sus palabras encendieron las alarmas sobre un proceso judicial que avanza silenciosamente pero que podría tener efectos sísmicos en el equilibrio de poderes en Colombia.
La advertencia presidencial llega justo cuando el Consejo de Estado -máxima autoridad en lo contencioso administrativo- tramita una demanda de nulidad contra la designación de Camargo como fiscal general. El alto tribunal ya ordenó una sentencia anticipada, desestimando los argumentos de la Presidencia de la República, que pedía frenar el curso de esa demanda por supuesta “ineptitud”.
En la decisión, la Sección Quinta del Consejo argumentó que no era necesaria una audiencia inicial y que los elementos de juicio, al ser documentales, permitían avanzar en el fallo sin más dilaciones. La Presidencia, por su parte, había solicitado que se desestimara la demanda bajo el argumento de que no se identificó adecuadamente el acto administrativo cuestionado. Pero el tribunal fue categórico: esa excepción no fue probada.
Aunque el presidente alude a una inminencia en la decisión, fuentes cercanas al proceso indican que aún restan por resolverse varios recursos legales, entre ellos el de reposición, una solicitud de aclaración y un recurso de súplica. Además, aún no se han evacuado pruebas solicitadas a la propia Presidencia por parte de la magistrada ponente. Es decir, el desenlace no sería inmediato, pero el camino está trazado.
Más allá del tecnicismo judicial, el trasfondo es de profundo calado político e institucional. Petro no solo defiende la legitimidad de Camargo —quien fue elegida por la Corte Suprema a partir de una terna presentada por él mismo—, sino que advierte sobre lo que, en sus palabras, sería el regreso de viejas mafias al control del aparato de justicia.
Su referencia al llamado “cartel de la toga”, una red de corrupción que involucró a magistrados y fiscales de alto nivel, y a una supuesta “junta del narcotráfico”, no es gratuita. Es una denuncia velada, pero explosiva, que sugiere que hay intereses poderosos moviéndose detrás del escenario judicial.
La controversia, que ya ha traspasado los límites nacionales, se da mientras el mandatario busca reposicionar la imagen de Colombia en foros internacionales, como el Vaticano. Pero su mensaje parece ir más allá de la coyuntura: plantea una pregunta inquietante sobre quién controla —o pretende controlar— la justicia en el país. Y en ese dilema, se juega no solo el futuro de la fiscal general, sino la credibilidad misma de las instituciones.
carlos castaneda@prensamercosur.org
