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Bogotá se estremeció este 14 de mayo. Lo que debía ser una jornada legislativa más en el Senado de la República terminó convertido en una escena de alta tensión política, con gritos, confusión y un resultado que nadie en el Gobierno esperaba: la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro para avanzar en su ambiciosa reforma laboral fue archivada por apenas dos votos de diferencia. Un revés inesperado que desató una tormenta política, cuyas consecuencias ahora trascienden el recinto parlamentario.
La Procuraduría General de la Nación ha decidido intervenir. Frente al vendaval de dudas y señalamientos que dejó la votación, el Ministerio Público ha abierto una indagación disciplinaria para determinar si durante el proceso se incurrió en faltas por parte de funcionarios del Estado. El foco de la investigación está puesto en lo que ocurrió dentro del Senado: desde el conteo de votos hasta la actuación de servidores públicos clave, incluyendo al secretario del Senado y a otros actores que habrían influido en la resolución final.
Gregorio Eljach, procurador general, no escatimó palabras: calificó como “inaceptables” los episodios de exaltación y alteración del orden que marcaron el debate. Si bien recordó que las decisiones del Congreso deben ser acatadas, dejó claro que todas las vías institucionales permanecen abiertas para esclarecer lo ocurrido y preservar la legitimidad del proceso democrático. “El respeto a las reglas no excluye la exigencia de transparencia”, afirmó.
,El Procurador Gregorio Eljach hace llamado a la calma e institucionalidad frente a los hechos ocurridos en el Senado y anuncia la apertura de indagación para establecer posibles faltas disciplinarias. La @PGN_COL reafirma su compromiso con el diálogo.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 15, 2025
El profesional Iván Gerardo Jácome Gutiérrez ha sido designado para liderar la recolección de pruebas. Su tarea será tan delicada como urgente: verificar si la votación se dio conforme a la ley, si hubo manipulaciones o irregularidades, y si el comportamiento de los funcionarios involucrados se ajustó al deber público.
La caída de la consulta popular —que pretendía consultar al pueblo colombiano sobre el rumbo de la reforma laboral— no solo dejó un vacío legislativo. Dejó, también, una fractura simbólica en la confianza ciudadana. En un país donde la democracia ha sido erosionada por décadas de polarización y escepticismo institucional, cada episodio de opacidad alimenta la desafección.
La jornada del 14 de mayo no fue solo un capítulo más en la crónica política colombiana. Fue una sacudida. Y la reacción de la Procuraduría, más que una formalidad, se convierte en un termómetro de la salud democrática del país. El desenlace de esta investigación tendrá repercusiones no solo jurídicas, sino éticas y políticas: la ciudadanía exige saber si la consulta cayó por decisión legítima… o por juego sucio.
Colombia atraviesa un momento crítico. Entre los clamores de justicia, las recriminaciones cruzadas y la incertidumbre sobre el futuro de las reformas sociales, el mensaje de fondo es claro: la institucionalidad no puede permitir que la desconfianza venza. La transparencia no es un lujo, es una urgencia.