La energía eólica se las prometía felices en su expansión por Colombia. Hasta que se topó con las comunidades indígenas

La Guajira es uno de los departamentos más pobres de Colombia, hogar del pueblo indígena wayuu y una tierra sacudida por algunos de los vientos más fuertes del país (se habla de rachas de 11 m/s a 100 metros de altura), lo que ha convertido a la región en un protagonista clave de la apuesta del Gobierno por las energías renovables. El problema es que esas piezas no son fáciles de encajar. A medida que los aerogeneradores han ido alzándose en La Guajira lo han hecho también las voces en las comunidades locales que advierten de su impacto y ven con desconfianza la revolución verde.

Hay quien habla ya de «la guerra del viento».

«Solo con la energía de La Guajira…» La Guajira, una región caribeña situada al noroeste de Colombia, tiene sol y viento, lo que la convierte en una pieza estratégica para las renovables del país. Lo dejó claro en 2023 el presidente Gustavo Petro, cuando durante la firma del pacto por la transición energética aseguró que el departamento tiene potencial para 25 GW. «Con la energía limpia de La Guajira en su máximo, podríamos reemplazar la generación eléctrica de Colombia, incluidas las hidroeléctricas», subrayó.

Despliegue de molinos. No es el único que lo piensa. La Guajira ofrece un panorama lo suficientemente atractivo como para que a lo largo de los últimos años haya llamado la atención de empresas del sector. En 2019 el instituto Indepaz calculaba que a lo largo de la siguiente década podrían construirse hasta 57 proyectos eólicos impulsados por 19 empresas, muchas de ellas ligadas a multinacionales.

En resumen: decenas de miles de hectáreas y varios miles de autogeneradores. Por lo pronto la BBC precisa que en la región hay 15 parques en construcción que se sumarán a los ya existentes, como Guajira 1, con una potencia de 20 MW.

Algo más que viento. La Guajira es sin embargo algo más que un territorio en el que levantar aerogeneradores. La península es el hogar también del pueblo wayuu, una comunidad indígena que ha visto cómo el suelo que ocupa desde hace generaciones se convertía en objeto de deseo para las energéticas. Con todo lo que eso implica. «La situación es complicada desde que muchas empresas, varias de ellas europeas, comenzaron a llegar con la intención de desarrollar proyectos de renovables», explicaba hace un año Mikel Berraondo, abogado especializado en derechos humanos y pueblos indígenas, en una artículo publicado en El País.

A ese factor se suma otro, igual de relevante. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, al menos en 2022 La Guajira fue el segundo departamento del país con un mayor índice de pobreza. Su dato solo lo superaba Chocó. La zona también destaca en los estudios sobre «pobreza multidimensional» y según los datos recogidos en 2022 por el medio Portafolio miles de hogares además carecen de conexión eléctrica.

La guerra del viento. La situación en La Guajira se ha tensado tanto que hay quien habla ya de «la guerra del viento». Y el motivo no son tanto los proyectos eólicos en sí como la forma en que se están desplegando. Las voces críticas hablan de falta de estudios de impacto y una participación limitada de las comunidades en los beneficios que generan los parques. También cuestionan cómo se ha consultado a las autoridades tradicionales que representan a los pueblos asentados en la región desde hace siglos, lo que habría derivado a su vez en conflictos.

«Perturba nuestros sueños». En un artículo elaborado hace dos años María M. Monsalve explica que los wayuu han cuestionado las consultas previas que, teóricamente, deberían garantizar que el desarrollo de los proyectos eólicos no se hace de espaldas a ellos. El motivo: según los críticos, hay pactos cerrados con gente que no ostenta la propiedad de los terrenos ni tiene capacidad de decisión.

La ecuación se complica por la existencia de diferentes autoridades en las comunidades, el debate sobre cómo compensarlas o el impacto de las plantas en la cultura de los nativos. «Por la noche, el ruido de las turbinas perturba nuestros sueños. Para nosotros son sagrados», señala a la BBC José L. Iguarán. Cuando ahora sale de su casa en La Guajira lo que ve es una hilera de molinos.

Importa el qué… y el cómo. «No se han visto análisis de los riesgos y estudios de impactos en derechos humanos con participación de las comunidades. Tampoco se ven planes de resolución y mitigación de los impactos adversos. Y, a juzgar por las denuncias que llegan desde las comunidades y organizaciones wayuu, tampoco se están respetando los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas ratificados en Colombia», lamenta Berraondo. «Muchas comunidades no se oponen al desarrollo de los proyectos si se respetan sus derechos».

El debate, servido. La cuestión es compleja porque a las tensiones en la comunidad se suman otros factores también relevantes, como los planes energéticos del país o las aportaciones de las empresas al territorio. A pesar del ruido de las turbinas o de cómo afectan a sus tradiciones, Iguarán admite que en ciertos aspectos su gente también ha salido favorecida con la llegada del parque eólico Guajira I.

La empresa que está detrás del proyecto ha financiado mejores infraestructuras para la canalización del agua o el tráfico y abona a varias comunidades una cuota que va en función de los ingresos generados por la electricidad y la venta de créditos de carbono. ¿Suficiente? «Las empresas no están respetando el derecho a la participación en beneficio de las comunidades y, en cambio, les ofrecen planes de inversión social con trampa, ya que solo pueden ejecutar dichos planes con las mismas empresas que los proponen», zanja Berraondo.

Un problema con consecuencias. Más allá del debate generado en Colombia o su alcance mediático dentro y fuera del país, la situación en La Guajira es relevante porque está afectando al sector y complica los planes de las compañías.

A finales de 2024 EDP Renewables, encargada de los parques Alpha y Beta en La Guajira, decidió salir de Colombia. El motivo: retrasos y complicaciones en los que influyeron varios factores, como el COVID, pero también el incremento de las comunidades indígenas involucradas en la fase de consulta previa. En 2023 y tras el efecto de las «constantes» protestas en las obras, la compañía Enel tomó una decisión similar y dio un paso atrás en otro parque planificado en la región.

Imágenes | Isagen, Nelson David Alonso Charry-The EITI (Flickr) y Tanenhaus (Flickr)

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