Representante en el congreso de Colombia, María Fernanda Carrascal
En una decisión que podría marcar un antes y un después en la relación entre poder político, medios de comunicación y ciudadanía, un juez de la República de Colombia ha ordenado la rectificación pública a la emisora La W Radio y al periodista Juan Diego Alvira, tras vulnerarse los derechos fundamentales de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal. El fallo no solo reivindica la dignidad de una parlamentaria atacada sin fundamento, sino que lanza una advertencia de fondo: el periodismo, cuando deja de informar y se vuelve actor político, puede volverse una amenaza para la democracia que dice defender.
Carrascal, una de las voces más combativas del Congreso colombiano, envió el 17 de febrero un derecho de petición a la Alcaldía de Bogotá. La pregunta era clara, legítima y necesaria: ¿existía algún tipo de convenio o contrato entre la administración distrital y medios de comunicación para cubrir favorablemente las obras del Metro de Bogotá? Era una inquietud seria, enmarcada en sus funciones constitucionales, y en ningún momento incluyó señalamientos personales, ataques ni acusaciones. Era control político, puro y duro.
Sin embargo, lo que siguió fue una operación mediática que transformó esa pregunta en una supuesta agresión contra la libertad de prensa. En una emisión de más de 12 minutos en La W Radio, el periodista Juan Diego Alvira no solo tergiversó el contenido del derecho de petición, sino que atribuyó a Carrascal un mensaje en redes sociales que ella nunca publicó. Según su versión al aire, la congresista insinuaba que los periodistas habían sido «pagados» por su cobertura. No mostró la solicitud original, no contrastó fuentes, no ofreció derecho a réplica. Simplemente la señaló.
,Carrascal pidió una rectificación pública el 1 de marzo. Solicitó que se publicara su derecho de petición completo, que se aclarara la inexistencia del trino mencionado y que se desmintiera cualquier insinuación no sustentada en hechos. Su llamado fue ignorado. Lejos de dejarse amedrentar, el 11 de abril presentó una acción de tutela. No lo hizo para censurar ni acallar, sino para defender el principio democrático de que toda persona, incluso una congresista, tiene derecho a la verdad, al buen nombre y a no ser estigmatizada por ejercer control político.
El juez que conoció el caso fue categórico: la libertad de prensa no puede escudarse en la opinión para tergiversar hechos. No es admisible que se presenten como reales afirmaciones sin sustento. Y no es ético que desde una cabina de radio se distorsione el rol de una funcionaria elegida por voto popular para convertirla en blanco de desprestigio.
La sentencia ordena tres cosas fundamentales:
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La rectificación de las afirmaciones falsas.
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La publicación íntegra del derecho de petición original.
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La aclaración pública de que no existió el trino ni hubo insinuación de pago alguno.
Aunque se trata de un fallo de primera instancia, su contenido ya es profundamente simbólico. Carrascal no solo defendió su nombre: defendió el derecho a preguntar. El derecho a dudar. El derecho a fiscalizar. Y al hacerlo, reveló lo que muchos ciudadanos ya perciben: que parte del periodismo ha cruzado una peligrosa línea en la que deja de informar para intervenir, en donde el micrófono se convierte en una herramienta política más, muchas veces sin controles, sin rectificaciones y sin responsabilidad.
“No voy a quedarme callada cuando se miente sobre mí”, dijo Carrascal. “Defiendo el derecho a ejercer el control político sin ser castigada por ello. Porque nadie debería ser señalado por cumplir con la Constitución. Porque una prensa libre también debe ser una prensa veraz, rigurosa y ética”.
El pronunciamiento judicial llega en un momento crucial para América Latina, donde el poder mediático —en muchos casos— se entrelaza con intereses económicos y políticos que operan sin rendición de cuentas. La historia de Carrascal interpela no solo al periodismo colombiano, sino a la región entera: ¿quién vigila al que vigila? ¿Quién responde cuando los medios, en vez de informar, desinforman? ¿Quién se hace cargo cuando la narrativa suplanta los hechos?
La congresista ha compartido el fallo con el país como una herramienta de reflexión. No lo hace desde la revancha, sino desde una postura profundamente democrática. “Hoy defiendo una democracia donde la verdad y el respeto importen”, escribió. Y lo hace con una claridad que no deja espacio a la duda: su voz no será silenciada. Ni por una cabina, ni por un libreto editorial, ni por un sistema que aún no está acostumbrado a ver a una mujer joven, crítica y firme, enfrentarse a poderes que nadie había osado cuestionar.
Con su acción, María Fernanda Carrascal ha logrado lo que muy pocos se atreven: sentar un precedente jurídico y moral frente al uso indebido del poder mediático. Y en ese acto, ha reafirmado que el verdadero periodismo no teme a las preguntas. Las abraza. Las honra. Y las responde con verdad.
caroscastaneda@prensamercosur.org