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En Colombia, crece la preocupación en torno a un conjunto de denuncias que circulan en redes sociales y medios independientes, las cuales apuntan a presuntas irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos públicos. Las acusaciones involucran a figuras políticas y empresariales del Caribe colombiano, incluyendo nombres vinculados al influyente clan Char, así como a altos directivos de Findeter, una entidad estatal de financiamiento para el desarrollo territorial.
Uno de los casos más señalados es el del empresario Carlos Alberto Roso Nader, quien estaría al frente del 90 % del consorcio de plazas de mercado en la región Caribe. Según las denuncias, Roso también habría recibido 13.800 millones de pesos colombianos para implementar una red de puntos de abastecimiento solidario, en el marco de programas sociales que, de acuerdo con sectores críticos, estarían operando sin los debidos requisitos técnicos, licencias estructurales ni procesos de selección pública.
El documento más comprometedor señala que los contratos fueron firmados por Juan Carlos Muñiz, actual presidente de Findeter, cuñado del exsenador Eduardo Pulgar y exsecretario de Hacienda del municipio de Soledad. Muñiz, hoy a cargo de millonarios recursos de inversión pública, ha sido señalado de presuntamente beneficiar a empresas privadas sin cumplir plenamente los criterios legales establecidos por la legislación colombiana. Entre las empresas mencionadas figura Ac Construir, presuntamente vinculada a la familia Daes, la cual habría recibido contratos por más de 46 mil millones y 322 mil millones de pesos, según versiones en redes sociales y publicaciones no oficiales. Las preocupaciones se centran en la supuesta falta de estudios previos completos y de licencias técnicas requeridas, elementos que comprometerían la legalidad de las adjudicaciones.
La polémica ha reavivado el debate sobre la transparencia en la contratación estatal en Colombia. Expertos y ciudadanos han planteado interrogantes sobre el papel de Findeter, institución que, según los denunciantes, estaría operando con una autonomía semejante a la de una entidad financiera privada, sin los debidos controles públicos.
Además, se ha cuestionado la aparente concentración de cuotas burocráticas dentro de la entidad, lo que ha llevado a algunos sectores a hablar de un posible «botín político» en beneficio de grupos de poder regional. La situación se da en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro impulsa reformas estructurales con un fuerte componente social y de redistribución de recursos. Sin embargo, los denunciantes consideran contradictorio que, mientras se habla de justicia social, se presenten estas supuestas prácticas que comprometerían el buen uso de los fondos públicos.
Hasta ahora, no se han producido respuestas oficiales por parte de Findeter, de los funcionarios mencionados ni de los empresarios implicados. Tampoco se han anunciado investigaciones formales por parte de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía General de la Nación.
Diversas voces en la sociedad civil han solicitado al Gobierno nacional y a las entidades de control una pronta revisión de los contratos señalados, y una auditoría rigurosa que permita esclarecer si se ha vulnerado la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública en Colombia.
El caso refleja la creciente tensión entre los ideales de reforma institucional promovidos desde el Ejecutivo y las prácticas de contratación cuestionadas en algunos sectores del Estado. La ciudadanía exige respuestas claras, acciones concretas y, sobre todo, transparencia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
