Uruguay – Según el informe anual de Amnistía Internacional 2024, Uruguay ostenta una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina, con aproximadamente 450 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Esta cifra supera el 120% de la capacidad carcelaria prevista, evidenciando un sistema penitenciario sobrecargado y en crisis.
La situación es alarmante: en 2024, 54 personas murieron bajo custodia, 33 de ellas por causas violentas. Además, se registraron casi 1.400 mujeres encarceladas y 70 niños menores de cuatro años viviendo en prisión junto a sus madres.
Este panorama plantea serias interrogantes sobre las políticas de seguridad y justicia en Uruguay. ¿Es sostenible un modelo que prioriza el encarcelamiento sobre la rehabilitación? ¿Qué medidas se están tomando para abordar esta crisis?
Es crucial que las autoridades uruguayas implementen reformas estructurales que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de libertad y promuevan alternativas al encarcelamiento.
Alexis Martinez Diaz
Colaboración Adriana Asat
