Barranquilla se consolida como referente nacional en la integración de salud, justicia restaurativa e inclusión social para jóvenes en conflicto con la ley. Así lo reconoció la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, durante su visita a la capital del Atlántico, donde lideró la socialización de avances del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa y Terapéutica.
En un encuentro cargado de testimonios y resultados tangibles, la ministra resaltó el trabajo articulado entre la Alcaldía de Barranquilla, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otros actores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). «Aquí vemos un sistema que ha apostado por el trabajo en equipo, que busca soluciones reales para niños, niñas y adolescentes expuestos no solo al consumo y abuso de sustancias, sino también a múltiples formas de violencia», afirmó.
La jornada, realizada en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), permitió conocer de primera mano las historias de vida de adolescentes beneficiarios, sus familias y los equipos que llevan adelante esta iniciativa en el territorio. No fue un evento más: fue un espacio donde se palpó cómo la justicia, cuando se humaniza y se conecta con la salud pública, puede transformar realidades.
Buitrago anunció además que, en línea con este enfoque, el Gobierno radicó recientemente una propuesta de reforma a la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), con el fin de incorporar de manera transversal el enfoque restaurativo, inspirado en mandatos constitucionales que priorizan la protección integral de los jóvenes.
Las cifras presentadas por Alexander Rivera Álvarez, director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, revelaron el desafío monumental que enfrenta el país: el 70,8 % de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley han consumido sustancias ilícitas, y más del 73 % de las mujeres vinculadas al sistema nunca han recibido tratamiento. Rivera alertó sobre la relación directa entre el consumo de drogas y los delitos juveniles, destacando que en el Atlántico, el 12,6 % de los adolescentes infractores cometieron delitos bajo los efectos de la cocaína.
Frente a esta realidad, el Programa de Justicia Juvenil para el Tratamiento del Consumo de Drogas (PJJTD) ha logrado impactar a más de 950 adolescentes en seis territorios del país. En Barranquilla, su implementación ha sido especialmente exitosa, logrando no solo intervenir en los jóvenes, sino también transformar entornos familiares y comunitarios.
Este modelo, que combina justicia restaurativa, terapéutica y salud pública, reconoce una verdad que por mucho tiempo fue ignorada: detrás de cada joven que transgrede la ley, suele haber una historia de violencia, abandono y exclusión social. La experiencia de Barranquilla demuestra que cuando el Estado decide acompañar en lugar de castigar, se abre una puerta real hacia la reconciliación y la esperanza.
carloscastaneda@prensamercosur.org
