Este 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, debería ser una fecha de celebración y conciencia por el planeta, pero en Bolivia, los discursos van en sentido opuesto a las prácticas de depredación, que ya deja secuelas como sequías, y con permiso del Estado
En el Día Mundial de la Tierra, 22 de abril, instituido por Naciones Unidas para crear conciencia ecológica, las noticias no son tan buenas para Bolivia. Van más de 36 mil hectáreas desmontadas en Roboré, con permiso de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT).
Es la conclusión a la que llegó una investigación del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, sobre la deforestación permitida por el Estado boliviano en este municipio, con el consiguiente impacto ambiental.
Según este trabajo, de las 36 mil ha, el 55% se encuentra en la zona de amortiguamiento del Área Protegida Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (APM/UCPN) Refugio de Vida Silvestre Valle de Tucabaca, y el 58% (21 mil ha) del daño está en el Valle de Tucabaca, en zona de uso forestal (no agrícola o ganadero), según el Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz.
Los investigadores remarcaron que los Planes de Desmonte de 20 hectáreas (PDM20) y los Planes de Desmonte (PDM) son los mecanismos más usados por privados, y comunidades de menonitas e interculturales.
“Nuestra organización inició una investigación ante la creciente preocupación por los desmontes dentro y alrededor del Refugio de Vida Silvestre Tucabaca. Tras insistentes solicitudes, cartas, protestas y presión social, logramos que la ABT entregue una base de datos oficial sobre permisos entre 2017 y 2024. Los resultados estremecen. Más de 36 mil hectáreas de bosque fueron autorizadas para desmonte en Roboré, un municipio de vocación forestal. De ese total, 21 mil ha están en zonas clasificadas como Uso Forestal y Ganadería Reglamentada (BG), donde solo se deberían permitir actividades sustentables, bajo normas estrictas y mediante microcaracterización detallada. Pero la realidad es otra”, lamentó Eder Santiváñez, de parte del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca.
¿Legalidad a conveniencia?
Para los autores de la investigación, lo peor es que se ha identificado el uso de la microcaracterización como una puerta trasera para aprobar deforestación donde está prohibido. “Se trata de un mecanismo que debería ser excepcional, pero que se ha convertido en rutina para justificar desmontes en zonas no aptas. Esta práctica, sumada a la fragmentación de solicitudes (usando varios PDM20 por un mismo predio para evitar controles), está perforando sistemáticamente el PLUS”, denunciaron.
Jhovana Morales, abogada de la Fundación Tierra, remarcó que la normativa exige que para cualquier permiso, la categoría Bosque Ganadería (BG) se sujeta a microcaracterización previa para un cambio de uso de suelo.
“Si se demuestra que existe un gran potencial forestal, no se podría aprobar un Plan de Ordenamiento Predial (POP) y por ende tampoco un desmonte”, recalcó.
Morales cree que estas condiciones no han sido verificadas ni exigidas, comprometiendo la legalidad y sostenibilidad de los POP aprobados. “El otorgamiento de estos permisos para desmontes extensivos con fines de monocultivos contradice el principio de conservación establecido en esta zonificación, y por tanto, resulta jurídicamente improcedente”, cuestionó.
Desde el grupo ambientalista también observaron deforestación en la zona del río Tucabaca, estratégica para la regulación hídrica de Roboré, y que está siendo erosionada por la alteración de los procesos de recarga acuífera.
Sobre este punto, Mauro Mendoza, directivo de la Cooperativa de Agua de Santiago de Chiquitos, lamentó la grave situación del Valle de Tucabaca, “ya tenemos racionamiento de agua”, admitió.
Julio Zebers, integrante del Movimiento Valle de Tucabaca; Angelina Rodas, de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar); y María Rosario Rodas Surubí, cacique de Naranjos, denunciaron que los menonitas están impidiendo el acceso de las comunidades indígenas al río.
“La propiedad Laguna Negra nos tranca el acceso al río”, delató la cacique. “Estamos peleando contra la deforestación y por el acceso a nuestro río”, dijo Angelina Rodas.
Según Julio Zebers los menonitas causan zozobra y prohíben el acceso al río, “deforestan por intereses económicos ajenos a la conservación y bajo la mirada de un Estado que se dice defensor de los indígenas”, lamentó.
Con respecto a la afectación de los ríos, Jhovana Morales considera que hay una violación a la normativa sobre protección de cuerpos de agua, ya que los desmontes autorizados no están respetando las franjas de protección hídrica, establecidas en la legislación. “La Ley 300 de la Madre Tierra establece que el agua debe ser protegida y no puede ser mercantilizada. Estos desmontes afectan a la cuenca del Río Tucabaca, y por ende a comunidades indígenas”, observó.
El daño
La investigación sobre la deforestación autorizada en Roboré identificó un daño a 36.045,53 hectáreas dentro del municipio de Roboré, lo que representa una afectación significativa en un territorio con vocación forestal predominante, y una importante presencia de áreas protegidas y ecosistemas frágiles.
Según el análisis del grupo ambientalista, de las 36 mil hectáreas de desmonte en Roboré, más del 58% se encuentra en zona con subcategoría de Uso forestal y ganadería reglamentada, que permite actividades productivas, pero bajo normativas específicas, para garantizar el equilibrio entre el aprovechamiento y la conservación de la biodiversidad.
El Movimiento identificó que si bien esta subcategoría admite pastizales para ganadería, la mayor parte se ha destinado a actividades agrícolas, especialmente monocultivos, como soya y sorgo: 21 mil ha se concentran en el Valle de Tucabaca. “Esta cifra alarmante no se habría alcanzado si se hubiera aplicado rigurosamente la microcaracterización, como excepcional y no como práctica habitual”, cuestionó Eder Santiváñez.
Asimismo, denunció que se evidenciaron quemas y chaqueos, expresamente prohibidas en cualquier época del año en la categoría de Uso forestal y ganadería reglamentada. “Estas actividades incrementan el riesgo de incendios forestales y agravan la degradación del ecosistema, generando impactos irreversibles”, dijo.
Dentro de los límites del área protegida Tucabaca se autorizaron desmontes en 1.550 ha, dice el reporte, más del 4% de las aprobaciones en Roboré, en un área con funciones ecológicas esenciales, ya que varios permisos se encuentran en quebradas dentro de la Serranía San José de Chiquitos, clave para la recarga y regulación hídrica.
El colectivo ambiental evidenció también deforestación autorizada de casi 20 mil ha en la zona de influencia de la UCPN.
Por último, también identificó desmontes autorizados en tierras fiscales, en el sector conocido como Sabinal, donde actualmente hay colonias menonitas asentadas, y donde el año pasado ardieron más de 10 mil ha, según los mismos reportes de la ABT.
“No tienen papeles, y aun así consiguieron autorizaciones de desmonte, cuando la normativa dice que uno de los requisitos es el título de propiedad o de posesión”, denunció Santiváñez.
Como Sabinal, ya existen denuncias de autorizaciones de desmontes en otras tierras fiscales, una de estas se conoce como Casa Grande, en el Municipio de San Rafael de Velasco, y el caso ya lo dio a conocer antes EL DEBER.
Los autores
De acuerdo al informe, el 63% de los desmontes fueron autorizados desde la Unidad Operativa de Bosques y Tierra (UOBT) de Roboré, principal promotora del desmonte en la región.
“Sin embargo, cuando se trata de fiscalizar o controlar quemas y desmontes ilegales, la misma oficina alega falta de recursos. Se autoriza con facilidad, pero no se controla. Se recauda, pero no se protege. Además, hemos identificado un patrón muy peligroso: autorizaciones otorgadas sobre tierras ya desmontadas antes”, denunció el Movimiento en su informe.
Esta oficina de Roboré ha sido intervenida en dos oportunidades por varias denuncias, aprobación de desmontes ilegales y sin documentos de respaldo, venta de Certificados Forestales de Origen (CFO), que permiten el ‘lavado’ de madera de origen dudoso.
Sobre el tipo de propiedad, de acuerdo a la información proporcionada por la ABT al Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, el 65% de los beneficiados con estos permisos de desmonte son predios privados, para uso de la agroindustria. En segundo lugar, con 31% figuran las comunidades campesinas, dentro de las cuales se encuentran menonitas e interculturales.
“En el caso de los interculturales, muchos usan la tierra con fines de tráfico, mientras que los menonitas contribuyen a la expansión de la frontera agrícola”, dice el documento. Los pueblos indígenas abarcan el 3% de los desmontes, las asociaciones el 1%, y los Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC) ni siquiera el 1%.
En cuanto al tipo de autorización, Santiváñez indicó que son dos los principales mecanismos de aprobación, los Planes de Desmonte de 20 ha (PDM20) y los Planes de Desmonte (PDM). “Desde 2016 los permisos de desmonte van en aumento, siendo 2023 el más drástico, con 10 mil ha autorizadas”, dijo el miembro del colectivo ambiental.
EL DEBER pidió una respuesta a las observaciones de la investigación, pero no hubo respuesta. La consulta se hizo vía WhatsApp al ejecutivo nacional de la ABT, Luis Flores Orellana; al director general de Manejo de Bosques y Tierra de la ABT, Franz Agapito Valdez; al jefe nacional de Administración de derechos de la ABT, Benigno Orozco; y a Vaneza Mérida, directora departamental Santa Cruz de la ABT.
