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No pagar impuestos en Colombia ya no es un simple descuido que se resuelve con intereses o sanciones administrativas. Desde la reforma tributaria aprobada en 2022, evadir compromisos fiscales con el Estado puede llevar a una condena penal de hasta seis años de prisión.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha encendido las alertas. Aunque continúa promoviendo campañas de normalización para facilitar el pago de obligaciones pendientes, también ha endurecido su postura frente a quienes, pese a las oportunidades ofrecidas, persisten en el incumplimiento.
La ley es clara: si un contribuyente adeuda el equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (más de $1.300 millones), se expone a una pena de prisión de hasta cuatro años. La situación se agrava si hay activos omitidos. En ese caso, cuando el valor supera los 2.500 salarios mínimos (unos $3.250 millones) e incluso alcanza los 5.000 (más de $6.500 millones), las penas pueden llegar hasta los seis años de cárcel. Es un salto drástico en el enfoque del país frente a la evasión, que hasta hace pocos años no contemplaba consecuencias penales para estos casos.
,Bogotá lidera la lista de morosos con una deuda acumulada de $3 billones, seguida de Medellín con $814 mil millones, Barranquilla con $488 mil millones, Montería con $309 mil millones y Cali con $273 mil millones. Los mayores deudores no son únicamente grandes empresas: también hay personas naturales que han acumulado obligaciones millonarias y que hoy están en la mira del fisco.
Frente a este escenario, la DIAN ha reiterado que la cárcel no es el destino inevitable. Existen alternativas legales para ponerse al día: las campañas de normalización tributaria permiten establecer acuerdos de pago y regularizar la situación fiscal, evitando procesos penales y sus consecuencias.
Ahora bien, es importante distinguir: las deudas con bancos o entidades financieras —como préstamos personales o tarjetas de crédito— no acarrean cárcel en Colombia. Pero sí afectan gravemente el historial crediticio, encarecen los intereses y limitan el acceso a nuevos créditos.
Abandonar el país tampoco borra las deudas fiscales. Aunque salir de Colombia con obligaciones pendientes no implica una condena automática, la DIAN puede iniciar procesos judiciales internacionales si el deudor regresa o adquiere bienes a su nombre en el territorio nacional.
En un país donde la evasión ha sido históricamente tolerada por largos vacíos legales, las nuevas reglas del juego son contundentes: la cárcel ya no es un recurso exclusivo para quienes cometen delitos violentos o fraudes financieros. Ahora, no pagar los impuestos también puede llevar tras las rejas.
carloscastaneda@prensamercosur.org