¿Qué es una huelga de alquileres?

Una huelga de alquileres es una forma de protesta mediante la cual los inquilinos dejan de pagar parcial o totalmente sus arrendamientos. Tiene como objetivo presionar a los propietarios y al Gobierno para hacer frente a las fuertes subidas en el precio de los alquileres o por medidas aplicadas en el sector inmobiliario que se consideran injustas.

Tras dos manifestaciones masivas en los últimos meses en España, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid se plantea iniciar una huelga de alquileres. El principal motivo es la subida de los precios de la vivienda, que en España aumentaron un 14% más que los ingresos de la población entre 2015 y 2023 por factores. Detrás hay factores como la alta demanda y la poca oferta, la especulación, los fondos de inversión y los pisos turísticos. Esta subida obliga a la población a pagar cada vez más parte de su salario a la vivienda, lo que genera situaciones económicas insostenibles, complica la emancipación de los jóvenes y normaliza como viviendas inmuebles que no cumplen unas condiciones mínimas de habitabilidad.

Las consecuencias de no pagar el alquiler

La Constitución española no contempla el derecho a la huelga de alquileres. Sólo establece este derecho por motivos laborales, por lo que implica dejar de trabajar y debe haber una relación entre empresario y trabajador. Sin embargo, la relación arrendatario y arrendador es social, no laboral. Por tanto, al no estar amparadas por la ley, quienes participen en una huelga de alquileres enfrentarían consecuencias civiles, derivadas del impago del alquiler. Entre ellas está un posible desahucio, proceso que el propietario puede iniciar desde el primer día que el inquilino deja de pagar el alquiler, o aparecer en las listas de morosos, lo que le complicaría nuevos alquileres o solicitar préstamos. Además, el inquilino podría tener que pagar costes adicionales, como los judiciales, si el propietario reclama judicialmente las rentas no abonadas.

Aparte de las consecuencias individuales de una huelga de alquileres, sus efectos sociales pueden contradecirse con el objetivo inicial. Si los inquilinos dejan de pagar los alquileres, la incertidumbre podría hacer que los propietarios dejen de poner en alquiler sus viviendas, reduciendo aún más la oferta y aumentando los precios si la demanda no se reduce. Sacar las viviendas vacías del mercado tampoco es una decisión popular entre los propietarios. No sólo por los ingresos que dejan de recibir, sino por el miedo a una posible okupación, que pese a ello sólo afecta al 0,057% del parque de viviendas en España.

Huelga de alquileres: una forma de luchar por el cambio

Las huelgas de alquileres se remontan a principios del siglo XX en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Argentina o Sudáfrica. Y pese a sus posibles perjuicios individuales y sociales, ya entonces hubo protestas de este tipo que impulsaron cambios. Un primer ejemplo fue la huelga de alquileres de Glasgow en 1915, que fue protagonizada por mujeres ya que los hombres combatían en la Primera Guerra Mundial.

Con la ausencia de los maridos, los propietarios aprovecharon para amenazar con subir los alquileres. Como protesta, las mujeres organizaron una huelga de alquileres, y unas 20.000 personas dejaron de pagarlos. Además, como las mujeres trabajaban en las fábricas debido a la guerra, amenazaron con una huelga laboral si la policía reprimía las protestas. Finalmente, las manifestaciones se extendieron y el Parlamento británico aprobó una ley que restringía los intereses en los alquileres e hipotecas. Esto supuso la primera intervención de un Gobierno moderno para controlar los precios de los alquileres privados.

En España también hubo una huelga de alquileres: la de Barcelona en 1931. La Exposición Universal de 1929 había propiciado un éxodo rural hacia la capital catalana, que demandaba mano de obra para construir infraestructuras. Sin embargo, el crac del 29 paralizó la economía mundial y se frenaron las construcciones planificadas, dejando a muchos obreros sin trabajo y llevando a sus familias a vivir en casas precarias.

Ante esa situación, la Confederación Nacional del Trabajo presionó a las nuevas autoridades republicanas por una reducción de los alquileres. En julio de 1931 se acordó suspenderlos a quienes no tenían trabajo y reducirlos en un 40% a quienes sí estaban empleados. Sin embargo, como la medida no se hizo efectiva de inmediato, se convocó una huelga que duró hasta diciembre y en la que 100.000 inquilinos llegaron a dejar de pagar el alquiler. Esta huelga fue seguida por una huelga general que sería reprimida por la policía. Debido a la movilización, la negociación en Barcelona logró reducir los alquileres entre un 40 y un 50%.