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En un esfuerzo por cambiar el enfoque tradicional en la lucha contra las drogas, el Gobierno de Colombia presentó en Chile los avances de dos laboratorios sociales pioneros que buscan comprender y transformar las percepciones juveniles sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en el marco de la Política Nacional de Drogas 2023–2033 «Sembrando vida, desterramos el narcotráfico», marca un giro profundo hacia la construcción colectiva de soluciones desde las comunidades.
La presentación se realizó durante un encuentro internacional del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD III), financiado por la Unión Europea. Allí, Colombia compartió con representantes de Chile, Perú, Uruguay y otros países los resultados obtenidos en Cali y Santander de Quilichao, donde se implementaron los laboratorios.
El director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, Alexander Rivera Álvarez, explicó cómo estos espacios han permitido poner en el centro a los jóvenes, especialmente aquellos que viven en entornos urbanos y semiurbanos marcados por la vulnerabilidad y la exclusión. Con ellos, se adelantaron procesos de escucha activa, interpretación colectiva y cocreación de estrategias que han dado origen a herramientas concretas para medir el cambio en las narrativas sobre el consumo de drogas.
Lejos de ser intervenciones tradicionales, estos laboratorios funcionan como entornos vivos de participación comunitaria, donde las soluciones no llegan desde arriba, sino que nacen de la experiencia directa de quienes enfrentan a diario los riesgos y estigmas del consumo. La apuesta es clara: reemplazar los discursos punitivos por una mirada centrada en la salud pública, los derechos humanos y la transformación social.
Esta iniciativa se articula con tres ejes estratégicos de la política nacional: atención a poblaciones vulnerables frente a los mercados urbanos de drogas, consumo desde un enfoque de cuidado integral, y transformación de narrativas. En cada uno, la innovación social se convierte en una herramienta para construir paz desde lo local.
El trabajo cuenta con el respaldo técnico del Agirre Lehendakaria Center y del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), y ha sido financiado por COPOLAD III. Desde diciembre de 2024, los laboratorios también han sido incorporados a las Zonas de Paz y Esperanza (ZPE), una estrategia de desarrollo alternativo en municipios afectados por economías ilícitas como Buenaventura, Tumaco y Quibdó, donde se impulsan procesos de formación, legalidad y generación de ingresos.
Colombia, junto con Perú, Chile y Uruguay, lidera un mecanismo técnico regional para medir los cambios en la percepción del consumo de sustancias psicoactivas desde las narrativas juveniles. En paralelo, el Ministerio de Justicia ha iniciado conversaciones con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otros organismos internacionales para ampliar el impacto de esta experiencia en más territorios.
Con esta apuesta, el país redefine su lucha contra las drogas desde las raíces: dialogando con las comunidades, sembrando nuevas formas de pensar y apostándole al poder transformador de la innovación social.
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