Gregorio Eljach, Procurador General
La Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas frente a la crítica situación humanitaria que golpea a La Mojana, una de las regiones más fértiles del país, hoy sumida en una emergencia ambiental y social sin precedentes debido a las persistentes inundaciones. A través de un pronunciamiento oficial, la entidad exigió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a las autoridades territoriales, tanto municipales como departamentales, actuar de manera inmediata, coordinada y efectiva para contener el desastre que amenaza con arrasar no solo los cultivos y viviendas, sino también la dignidad de comunidades enteras que hoy se sienten olvidadas por el Estado.
Por instrucción del procurador general, Gregorio Eljach, la entidad de control lanzó un exhorto directo ante la preocupante falta de medidas oportunas para mitigar los efectos del desbordamiento de los caudales en esta zona del país, especialmente ante la dilatada intervención en el canal de Caregato, uno de los puntos críticos cuya reparación ha sido esperada durante meses por los habitantes. Según denuncias de la comunidad, la apertura no controlada de este canal ha provocado el ingreso masivo de aguas a tierras agrícolas, generando pérdidas económicas incalculables y dejando a cientos de familias campesinas sin sustento.
En su comunicado, la Procuraduría alertó sobre la inminencia de una calamidad pública de proporciones mayores si no se actúa de inmediato. Y es que mientras el agua sigue avanzando, los pobladores de La Mojana libran una batalla diaria por sobrevivir en medio de la incertidumbre, la precariedad y la desesperanza. Hay zonas completamente anegadas, viviendas inhabitables y una creciente afectación en la salud pública por la proliferación de enfermedades derivadas del estancamiento del agua y la falta de condiciones mínimas de salubridad.
,El Ministerio Público recordó que, en situaciones como esta, la gestión del riesgo no puede ser un simple protocolo ni una promesa aplazada. La responsabilidad del Estado es garantizar la protección integral de la vida, los bienes y los derechos fundamentales de las personas, especialmente en territorios históricamente golpeados por el abandono institucional.
Asimismo, el órgano de control anunció un riguroso seguimiento a cada acción o inacción de las entidades responsables. La Procuraduría no solo observará el cumplimiento de los planes de contingencia, sino que también levantará un informe detallado sobre la capacidad de respuesta de las entidades en el terreno, con el fin de que se adopten las sanciones correspondientes en caso de negligencia o incumplimiento.
La voz de La Mojana clama por atención, y no puede seguir siendo ignorada. Cada minuto de demora agrava una tragedia que no solo es ambiental, sino profundamente humana. Familias enteras lo han perdido todo, no por causas naturales inevitables, sino por la lentitud y descoordinación de quienes tienen el deber de protegerlas.
El país no puede seguir volteando la mirada. La emergencia en La Mojana no es una noticia más: es un llamado urgente a la acción, a la empatía y al cumplimiento del deber público. Porque en cada hectárea inundada y en cada hogar destruido, hay un grito que exige respuestas. Y exige, sobre todo, justicia.
carloscastaneda@prensamercosur.org