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En una jornada cargada de simbolismo, voluntad política y esperanza, el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales del sector público instalaron este miércoles 16 de abril la Mesa de Negociación Colectiva Estatal 2025, un espacio que promete marcar un antes y un después en la historia del empleo público en Colombia.
La ceremonia de instalación fue presidida por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, quien también ejerce como director encargado del Departamento Administrativo de la Función Pública. A su lado, la comisión negociadora del Gobierno Nacional y la comisión unificada del movimiento sindical se dieron cita para iniciar un proceso de diálogo que involucra a más de 1.252.000 empleados y empleadas públicas del país. De esa cifra, más del 52 % son mujeres, lo que otorga un carácter especial a esta negociación, no solo por su escala, sino también por su enfoque inclusivo.
Pero lo más notable de este encuentro no es solamente su dimensión técnica o legal: por primera vez en la historia reciente del país, las nueve confederaciones y 38 federaciones sindicales del sector público han logrado unificar un pliego de solicitudes y consolidar una comisión conjunta de voceros. Se trata de un esfuerzo de articulación sin precedentes, que reúne a voces sindicales de distintos sectores y regiones, con una única finalidad: dignificar el trabajo público y avanzar en condiciones laborales justas para quienes hacen posible el funcionamiento del Estado en todos los niveles. La comisión sindical está compuesta por 40 negociadores y negociadoras, acompañados por igual número de asesores y asesoras, quienes representan a más de 45 organizaciones sindicales, desde la educación hasta la justicia, pasando por el sector salud, servicios públicos, cultura, deporte, inclusión social y derechos humanos. La diversidad de esta representación fortalece el proceso y otorga legitimidad al diálogo.
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El pliego único contiene 91 solicitudes agrupadas en 12 capítulos temáticos. Estas solicitudes abarcan un amplio espectro de temas: incremento salarial, estabilidad y formalización laboral, garantías sindicales, promoción del bienestar, capacitación, salud laboral, y un capítulo especial centrado en los enfoques de mujer, equidad y género, con propuestas concretas para combatir la discriminación y fortalecer la participación de las trabajadoras en la vida pública y sindical del país.
«Este proceso se inicia satisfactoriamente porque permite que nueve confederaciones y 38 federaciones nacionales, por consenso, convengan un pliego único y una comisión negociadora. Es una muestra del poder de la unidad sindical, y al mismo tiempo, del compromiso del Gobierno con el diálogo social como herramienta fundamental para la democracia», afirmó el ministro Sanguino. Además, destacó que esta negociación podría convertirse en un referente para futuras conversaciones laborales en el país.
La instalación de la mesa no fue solo una jornada de apertura formal. Fue también el anuncio de una decisión política profunda. El ministro reveló que el próximo 21 de abril el Gobierno Nacional radicará ante la Secretaría del Senado una solicitud formal para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral. Esta iniciativa, firmada por todos los ministros del gabinete, busca que la ciudadanía participe directamente en la transformación del modelo laboral colombiano. “Queremos que millones de colombianos y colombianas puedan expresar su voluntad en torno a una reforma que recoge buena parte de las aspiraciones que hoy están consignadas en este pliego”, agregó Sanguino.
Desde el movimiento sindical, las reacciones no se hicieron esperar. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), subrayó la importancia del momento: “Nos complace enormemente haber logrado una unificación del pliego y de la comisión negociadora. El Decreto 243 de 2024 nos exigía este paso, pero más allá de la norma, es una señal de madurez del movimiento sindical. Este acuerdo nos permitirá una negociación más estructurada, coherente y efectiva”.
El proceso de negociación iniciará formalmente el 22 de abril y se extenderá durante 20 días hábiles. Si las partes lo consideran necesario, podrá prorrogarse por otros 20 días. En ese lapso, se discutirán propuestas de fondo que buscan transformar la relación laboral entre el Estado y sus empleados, muchas de ellas largamente postergadas por gobiernos anteriores.
El contexto político no puede ignorarse. La instalación de esta mesa ocurre en medio de una coyuntura nacional marcada por reformas estructurales impulsadas por el actual Gobierno, entre ellas la laboral, la pensional y la de salud. La articulación entre estos procesos y la negociación estatal resulta crucial para avanzar hacia un modelo de país más equitativo, donde los derechos laborales no sean vistos como privilegios, sino como pilares fundamentales del desarrollo.
En las manos de los 80 representantes —40 del Gobierno y 40 del sindicalismo— estará la posibilidad de construir acuerdos que no solo impacten a los actuales servidores públicos, sino que sienten las bases para futuras generaciones de empleados estatales. En sus palabras, sus silencios y sus voluntades se juega también el futuro del empleo digno en el sector más grande del aparato estatal colombiano.
Este es un momento de país. Uno en el que el diálogo y la concertación, por encima de la confrontación, muestran el camino para construir un Estado más humano, más justo y más cercano a su gente.
carlos acstaneda@prensamercosur.org
