Supersalud , Giovanny Rubiano García
La crisis de la salud en Colombia suma un nuevo y escandaloso capítulo. Esta vez, en el corazón de una de las Entidades Promotoras de Salud más grandes del país: la Nueva EPS. El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, hizo este martes un pronunciamiento que sacude las estructuras del sistema de salud, al advertir que la millonaria desviación de recursos detectada hasta ahora sería solo «la punta del iceberg».
Rubiano se refirió a la reciente imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra varios exfuncionarios de la Nueva EPS, quienes habrían participado en una sofisticada estrategia de alteración contable para ocultar la verdadera situación financiera de la entidad. El monto del desfalco que ya ha sido identificado supera los 70 mil millones de pesos, aunque las investigaciones apuntan a que la cifra podría multiplicarse conforme avancen las indagaciones.
«Esto confirma que la medida de intervención a la Nueva EPS está dando resultados concretos al país. De comprobarse la presunta alteración de los estados financieros, podríamos estar hablando del mayor fraude contable en la historia de los recursos de la salud en Colombia», declaró el Superintendente con tono firme.
,Las declaraciones se produjeron en el marco de un balance sobre la intervención forzosa para administrar esta EPS, medida que fue adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud en diciembre de 2024. Desde entonces, el equipo de la Supersalud ha estado escudriñando a fondo las operaciones contables y administrativas de la entidad, descubriendo irregularidades de gran magnitud.
Según explicó Rubiano, la Supersalud entregó a la Fiscalía información nueva y crucial que fortaleció el caso penal. Esta colaboración permitió que el ente acusador sustentara cargos contra exdirectivos de la EPS por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos públicos destinados a la salud y peculado por apropiación.
Lo que se ha descubierto, según los informes oficiales, es una manipulación deliberada de los balances financieros de la Nueva EPS. Se habrían ocultado deudas por billones de pesos, generando estados financieros ficticios que presentaban una solvencia inexistente, con el aparente objetivo de evitar medidas de intervención o sanciones administrativas.
“Estamos hablando de pasivos acumulados durante años que nunca fueron registrados, de cuentas por pagar escondidas, de una contabilidad maquillada para simular un estado financiero saludable. Toda esta operación permitió a la entidad seguir operando como si nada, mientras se acumulaban deudas impagables con clínicas, hospitales y proveedores del sistema”, afirmó el jefe de la Supersalud.
Una de las piezas más graves del hallazgo es el descubrimiento de facturas no registradas que superan los 4 billones de pesos. Estos documentos, recopilados durante el proceso de intervención, revelan la magnitud del agujero financiero y son ahora parte clave del material probatorio que sustenta los procesos judiciales.
Rubiano también señaló que este escándalo representa hasta ahora el hallazgo más relevante de toda la intervención, no solo por el volumen de dinero comprometido, sino por el impacto directo que tuvo en la atención a millones de afiliados. “Estas prácticas fraudulentas no solo constituyen delitos financieros. También afectan el derecho a la salud de millones de personas. Cuando una EPS no paga a los prestadores, los servicios se deterioran o se suspenden, y el usuario siempre es el más perjudicado”.
La Superintendencia no ha actuado sola. Como parte de su obligación legal, también ha trasladado los hallazgos a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de que estas entidades adelanten las investigaciones fiscales y disciplinarias correspondientes.
El Superintendente fue claro al insistir en que estos procesos, aunque complejos y prolongados, están demostrando que la vigilancia estatal puede dar resultados si se actúa con rigurosidad y sin contemplaciones. “Las medidas de intervención funcionan. Pero requieren decisión, tiempo, y sobre todo, voluntad de romper con la complicidad institucional que por años ha permitido que estas prácticas pasen de agache”, enfatizó.
Finalmente, Rubiano envió un mensaje contundente a la opinión pública: lo que hoy se conoce podría ser apenas el comienzo. “Este caso está lejos de cerrarse. Estamos ante un entramado de corrupción sistémica, donde posiblemente participaron no solo funcionarios, sino también contratistas, auditores y redes externas. Nuestra tarea es seguir escarbando hasta llegar al fondo de todo este fraude”, concluyó.
Mientras tanto, el país asiste una vez más al doloroso recordatorio de cómo los recursos públicos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud pueden ser desviados por redes de corrupción, que ponen en riesgo la vida de millones de ciudadanos.
carloscastaneda@prensamercosur.org