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Desde la Universidad Externado de Colombia, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, envió un mensaje claro y directo sobre uno de los desafíos más persistentes del país: la informalidad laboral. Lo hizo en el marco del panel de presentación del Estudio Sectorial “Informalidad laboral en Colombia 2014 – 2023”, una investigación de alto calado liderada por la Contraloría General de la República, que analiza en detalle la evolución, causas y consecuencias de este fenómeno que afecta a más de la mitad de la población trabajadora en el país.
Acompañado por expertos del sector académico, empresarial e institucional, el ministro no esquivó las tensiones ni maquilló la realidad. Por el contrario, trazó un diagnóstico agudo sobre el estado actual de la política laboral en Colombia, y en particular, sobre el fallido intento de avanzar hacia una reforma estructural. “La Reforma Laboral que salió de la Cámara tuvo modificaciones en 65 de sus 82 artículos. Perdimos una oportunidad en el Senado para construir un acuerdo nacional alrededor del trabajo digno”, lamentó Sanguino, aludiendo a las dificultades políticas que han obstaculizado una transformación integral del régimen laboral.
La afirmación que más eco generó en la sala fue también la más cruda: “En Colombia, la flexibilización se volvió sinónimo de precarización”. Una frase que resume décadas de políticas orientadas a reducir costos laborales bajo la promesa de impulsar el empleo, pero que —según diversas investigaciones— han contribuido al debilitamiento de los derechos de los trabajadores, a la segmentación del mercado laboral y a una creciente informalidad estructural.
,El panel contó con la participación de Alfonso Palacios Torres, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI); Juan Camilo Villar Otálora, profesor de la Universidad Externado de Colombia; y fue moderado por David Fernández Jaramillo, contralor delegado para el sector Trabajo. Cada intervención aportó matices distintos al debate, desde la mirada jurídica y empresarial hasta el análisis académico de las políticas públicas en materia de empleo.
El Estudio Sectorial presentado por la Contraloría ofrece un balance revelador: la informalidad laboral en Colombia ha permanecido en niveles alarmantes durante la última década, afectando especialmente a mujeres, jóvenes, y trabajadores rurales. Además de las implicaciones económicas, la informalidad representa una barrera estructural para el acceso a la seguridad social, la estabilidad laboral y la protección de los derechos fundamentales.
En ese contexto, las palabras del ministro Sanguino se leen no solo como una denuncia, sino como un llamado a construir consensos amplios que trasciendan los intereses partidistas o sectoriales. “Hablar de trabajo digno no puede seguir siendo una consigna vacía. Debe ser el centro de un nuevo pacto social”, afirmó, al cierre de su intervención.
El evento dejó en claro que Colombia necesita más que ajustes marginales. Requiere una transformación profunda en su visión del trabajo y en la manera como el Estado, el empresariado y la sociedad civil entienden la justicia laboral. Mientras tanto, millones de trabajadores siguen enfrentando la incertidumbre del rebusque, sin contratos, sin prestaciones, sin futuro asegurado.
La informalidad no es solo un problema técnico. Es un síntoma de desigualdad y una expresión del abandono que históricamente han sufrido vastos sectores de la población. Y frente a ello, el desafío no puede seguir postergándose.
carlos castaneda@prensamercosur.org