Ministro de Minas y Energía de Colombia
En medio de un creciente malestar por los apagones que afectan a comunidades del Caribe colombiano, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó una fuerte crítica al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), acusándolos de decisiones que han dejado sin luz a barrios enteros, mientras el Gobierno Nacional intenta llevar energía a donde nunca ha llegado.
Durante una sesión del consejo de ministros, Palma responsabilizó directamente a la empresa Afinia —filial de EPM— de los recientes cortes eléctricos que han afectado a miles de familias. Y fue más allá: aseguró que estas acciones no solo tienen un trasfondo técnico, sino también político. “Es absolutamente lamentable lo que ha hecho Afinia. Apagar no es un derecho”, expresó con contundencia.
Según el ministro, EPM —de propiedad pública— está hoy bajo el control político de Federico Gutiérrez, quien, en sus palabras, “se comporta como líder de la oposición al gobierno nacional” y estaría utilizando esa posición para tomar medidas que castigan a sectores vulnerables. “Prácticamente, el dueño de EPM hoy es Fico. Ha anunciado y ejecutado cortes de energía en barrios completos”, denunció Palma, aludiendo a una estrategia que, en su criterio, no responde a criterios técnicos sino políticos.
,La tensión entre la administración de Medellín y el Gobierno Nacional no es nueva, pero las declaraciones del ministro elevan el tono del enfrentamiento institucional. “Mientras nosotros llevamos energía a comunidades históricamente olvidadas, Fico está apagando barrios enteros”, recalcó el jefe de la cartera de Minas, al advertir que estas decisiones han generado un impacto social significativo.
Palma también señaló que EPM estaría siendo instrumentalizada como arma política contra el Ejecutivo, violando normas de gobierno corporativo. “Es lamentable que una empresa pública sea usada de esta manera”, dijo, insistiendo en que las decisiones de corte han sido aprovechadas con fines partidistas.
En medio de este panorama tenso, el ministro anunció una medida estructural que busca transformar el modelo energético del país: la aprobación de una resolución por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que permitirá la creación de Comunidades Energéticas. Esta iniciativa permitirá a más de 500.000 familias generar su propia energía y vender los excedentes a la red nacional, con el objetivo de avanzar hacia una matriz más descentralizada, justa y sostenible.
La Resolución CREG 101 072 de 2025 establece los lineamientos para habilitar al menos un gigavatio (GW) adicional de capacidad instalada a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), así como para fortalecer la infraestructura de medición avanzada en todo el territorio.
“Estamos dando un paso firme hacia la democratización de la energía. Por fin los usuarios serán el centro del desarrollo energético: no solo tendrán acceso a una energía limpia, sino que además recibirán ingresos por comercializar los excedentes que generen”, subrayó Palma.
Mientras desde el Caribe se elevan voces de reclamo por los cortes y desde el Ejecutivo se impulsa una revolución energética desde abajo, el país presencia un nuevo capítulo del pulso entre dos modelos de poder: uno que busca la descentralización de la energía y otro que, según el ministro, “prefiere mantenerla en manos de intereses políticos”.
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