Imagen Contraloría de Colombia
En un llamado contundente al país, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que los niños, niñas y adolescentes de Colombia siguen siendo invisibles en la planeación y ejecución de los presupuestos públicos, tanto a nivel nacional como territorial. La denuncia tuvo lugar durante el foro “Gran Alianza por la Defensa de los Derechos de la Juventud en Colombia”, donde presentó la nueva estrategia nacional para blindar los recursos destinados a esta población históricamente vulnerada.
“La infancia no pinta con claridad en los presupuestos de la Nación, departamentos y municipios”, sentenció Rodríguez, tras exponer un panorama crítico que abarca violencia intrafamiliar y sexual, desnutrición, mortalidad infantil, deserción escolar, trabajo infantil, reclutamiento forzado y desplazamiento. Realidades que, dijo, exigen respuestas urgentes, coordinadas y medibles por parte del Estado colombiano.
La Contraloría General lidera esta Alianza Nacional por la Defensa de los Recursos Públicos para la Niñez y Juventud, una plataforma que convoca a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Corte Constitucional, entidades del Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías, contralorías territoriales, academia y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es común: garantizar que cada peso invertido en la infancia tenga un impacto verificable, transparente y transformador.
Entre 2016 y 2024, Colombia ha destinado más de $286 billones a programas dirigidos a la niñez, y tan solo entre 2022 y 2024, el ICBF administró más de $35,8 billones. Sin embargo, el Contralor alertó que la ausencia de información actualizada impide medir con precisión la efectividad de estas inversiones. Como ejemplo, mencionó el rezago de diez años en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), herramienta clave para enfrentar la desnutrición y la inseguridad alimentaria.
El diagnóstico elaborado por la Contraloría, a partir de los planes de desarrollo de los 32 departamentos y sus capitales, arrojó deficiencias profundas. Persisten brechas graves en salud, educación y nutrición. La Guajira, Chocó y Vichada reportan los mayores niveles de desnutrición infantil, mientras que Nariño, Guainía y Vaupés concentran la más alta deserción escolar. Además, departamentos como Casanare apenas alcanzan un 58 % de cobertura en el Programa de Alimentación Escolar, muy por debajo del promedio nacional del 79,4 %.
En materia de salud mental, Vaupés y Guainía revelan inversiones ínfimas, pese a su alta vulnerabilidad. A esto se suma la preocupante continuidad del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados, con focos críticos en Cauca, Arauca, Putumayo y Nariño. A pesar de la existencia de programas de prevención, su implementación ha sido insuficiente.
La inversión reportada por el DNP entre 2021 y 2024 para infancia y adolescencia ascendió a $48,2 billones, apenas el 3,06 % del Presupuesto General de la Nación. Y aún más preocupante, esta proporción ha venido disminuyendo progresivamente sin que existan estrategias claras para su optimización.
En contraste, departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Boyacá muestran una planeación sólida y una asignación prioritaria de recursos, mientras que Amazonas, Vichada, Guainía y Arauca continúan rezagados en todos los frentes.
El Contralor fue enfático en señalar que sin coordinación interinstitucional, datos confiables y enfoques diferenciales, la inversión pública en niñez seguirá siendo ineficaz. “Invertir en la niñez no es una opción, es una obligación. Y garantizar sus derechos, una deuda que el Estado no puede seguir aplazando”, concluyó.
carloscastaneda@prensamercosur.org
