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En un gesto que sacude las estructuras de poder ocultas en la historia reciente del país, el presidente Gustavo Petro ordenó este lunes 7 de abril la desclasificación total de los archivos relacionados con las Convivir, asociaciones de vigilancia privada creadas en los años noventa y que, según denunció, fueron la semilla del paramilitarismo en Colombia.
La decisión, anunciada durante un consejo de ministros, se enmarca en su política de transparencia histórica, con la que el mandatario busca abrir al escrutinio público documentos clave para comprender las raíces de la violencia armada en Colombia. Pero esta vez, sus palabras fueron más allá de un gesto simbólico: encendieron las alarmas sobre una herencia de impunidad que, según dijo, sigue viva.
Petro aseguró que las Convivir no fueron simples iniciativas de seguridad ciudadana. Según su interpretación, representaron el punto de partida de una red paralela de violencia, avalada y armada por el propio Estado. «Desde 1993 hasta hoy, se han entregado licencias a más de 2.000 empresas de vigilancia por parte de la Superintendencia de Vigilancia. Muchas de ellas actuaron sin ningún tipo de control», advirtió.
La figura de las Convivir fue formalizada por decreto durante el gobierno de César Gaviria, pero el presidente señaló especialmente el papel del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien entre 1995 y 1997 promovió activamente su expansión en esa región. Según Petro, la permisividad del Estado permitió que estas empresas se transformaran en brazos armados del paramilitarismo.
Pero las acusaciones no quedaron en el pasado. El presidente denunció que la relación entre grupos armados ilegales y empresas de seguridad sigue vigente, esta vez bajo una fachada legal. Reveló que más de 62.000 armas entregadas por el Estado a compañías de vigilancia han desaparecido, sin rastro ni trazabilidad.
“La Superintendencia sigue construyendo paramilitarismo. Nunca dejó de hacerlo. Armas oficiales siguen entrando a grupos criminales con sello estatal. Hay escoltas de capos del crimen en Colombia armados por el Estado. El Estado está cuidando a los capos”, lanzó Petro con dureza.
Además, pidió una investigación inmediata a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para establecer cómo el material bélico terminó en manos del crimen organizado. Dijo que actualmente hay 197 empresas de seguridad que, aunque figuran como inactivas, siguen operando, prestando protección a narcotraficantes y estructuras mafiosas.
“Hay que hablar con seriedad: esto se llama paramilitarismo. Está ligado, seguramente, al narcotráfico. En Barranquilla hay un gran ejemplo de esto, pero no lo comento porque son investigaciones penales que ya vinculan a políticos”, advirtió.
La revisión de los archivos estará a cargo del Archivo General de la Nación, que tendrá en sus manos más de 54 cajas con documentos relacionados con la creación y operación de las Convivir. Petro espera que esta revisión permita esclarecer una historia de alianzas peligrosas entre poder político, seguridad privada y crimen organizado.
Esta no es la primera vez que el jefe de Estado denuncia la infiltración del crimen en las empresas de vigilancia. El pasado 10 de marzo ya había dicho que “se les está dando licencia a los criminales. Dueños de empresas de seguridad son paramilitares y narcotraficantes, exmilitares a veces y expolicías. Ya van tres presos”.
Las declaraciones del presidente han generado malestar en algunos gremios de seguridad privada, que han salido al paso a rechazar sus señalamientos. Argumentan que las licencias son otorgadas directamente por el Estado, y que el control sobre estas empresas debería ser una responsabilidad compartida.
Mientras tanto, la apertura de los archivos promete remover las capas de silencio que durante décadas han protegido a los cómplices de una guerra no declarada. Y el país, de nuevo, se asoma al espejo de su historia más cruda.
carloscastaneda@prensamercosur.org
