Imagen Congreso de Colombia
En una jornada marcada por tensiones partidistas y acusaciones de falta de transparencia, el Congreso de la República eligió este martes al abogado Álvaro Echeverry Londoño como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). El jurista, postulado por el partido cristiano Colombia Justa Libres, obtuvo un respaldo contundente de 205 votos, impulsado por el apoyo del Pacto Histórico y sus aliados en el Partido Liberal, Conservador, Alianza Verde, La U y otras colectividades.
La elección de Echeverry no pasó desapercibida. En la Cámara de Representantes arrasó con 141 votos frente a los 29 que logró su contendor, Plinio Alarcón, además de dos votos en blanco. En el Senado, el margen fue similar: 63 votos para Echeverry, 21 para Alarcón y 10 votos en blanco. El nuevo magistrado reemplazará a César Lorduy, quien renunció el pasado 5 de marzo.
La llegada de Echeverry al CNE no solo reconfigura el mapa político dentro del organismo electoral, sino que también despierta alertas sobre la independencia institucional. Su cercanía con el actual Gobierno no es un secreto. Desde su paso por el Ministerio del Interior y su papel clave en los comicios de 2022 —cuando el Pacto Histórico logró recuperar cerca de medio millón de votos en el escrutinio—, su nombre ha estado estrechamente vinculado al oficialismo. Esa misma cercanía alimentó las críticas de la oposición, especialmente del Centro Democrático, cuyos congresistas intentaron frenar el proceso alegando vicios de notificación y falta de garantías para postular candidatos.
,La elección también reveló las estrategias silenciosas de las bancadas. Cambio Radical, el partido que ocupaba esa silla en el CNE, optó por no presentar candidato. Según se comenta en los pasillos del Capitolio, la colectividad de Germán Vargas Lleras habría cedido ese espacio con miras a obtener la presidencia de la Cámara en la próxima legislatura, como parte de los acuerdos políticos interpartidistas. Al no bloquear el ascenso de Echeverry —siguiente en la lista de la plancha de Lorduy—, buscan garantizar que sus propias aspiraciones en la mesa directiva no sean desconocidas.
Pero más allá de los cálculos políticos, la llegada de Echeverry al CNE podría tener implicaciones directas en uno de los procesos más delicados que adelanta esa entidad: la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales en las elecciones de 2022. Hasta ahora, el equilibrio dentro del CNE ha permitido mantener en curso la indagación. Sin embargo, con Echeverry sumándose a la línea que no ve con buenos ojos esa pesquisa —junto a magistradas como Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico—, el futuro del expediente podría tambalear.
Con formación en derecho de la Universidad de Manizales y una especialización en derecho administrativo de la Universidad de Caldas, Echeverry ha construido su carrera entre asesorías a campañas políticas y cargos en organismos como la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Superior de la Judicatura. Pero será ahora, desde la máxima autoridad electoral, donde su nombre dejará huella o cicatriz, según el lado desde donde se mire.
Su elección es, sin duda, un movimiento clave en el ajedrez político del país. No solo cambia el balance interno del CNE, sino que podría marcar el rumbo de decisiones que afectan directamente al poder presidencial y al futuro de la democracia electoral en Colombia.
carloscastaneda@prensamercosur.org