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En un paso trascendental para la garantía de derechos laborales en el sector educativo, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0391, que ordena la diseño e implementación de planes de formalización laboral para 38 mil docentes y trabajadores de instituciones públicas de educación superior.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la decisión y enfatizó que «este gobierno está comprometido con la formalización laboral, el trabajo digno y el fortalecimiento de la educación superior en Colombia». La iniciativa busca garantizar estabilidad y condiciones laborales dignas para miles de educadores que, hasta ahora, ejercían sus funciones bajo modalidades temporales y precarias.
El decreto fue construido a partir de un proceso de diálogo y concertación con el sector docente en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Cambio, el Ministerio de Educación y la cartera laboral. La medida beneficiará a docentes y personal administrativo que, sin pertenecer a la carrera docente, desarrollan actividades misionales con vocación de permanencia, con el objetivo de mejorar sus condiciones contractuales y salariales.
,La norma también establece que las universidades estatales y oficiales garantizarán la participación de las organizaciones sindicales en la elaboración y ejecución de los planes de formalización. En el proceso de selección se priorizará a docentes ocasionales, catedráticos y otras denominaciones temporales que acrediten experiencia y perfil académico acorde a los requerimientos institucionales.
El decreto estipula un cronograma de implementación progresiva: en un plazo de 12 meses, las instituciones deberán estructurar sus planes de formalización, iniciando los procesos de vinculación laboral. Para diciembre de 2026, al menos el 40% de los beneficiados deberán haber sido incorporados a la planta formal, y para diciembre de 2027, la meta será del 80%.
La supervisión del cumplimiento de esta medida estará a cargo del Ministerio del Trabajo, que ejercerá inspección, vigilancia y control conforme a lo establecido en la Ley 1610 de 2013. Con esta acción, el gobierno busca consolidar un modelo de educación superior más equitativo, con docentes formalizados y fortalecidos en su ejercicio profesional.
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