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En un esfuerzo conjunto por fortalecer la justicia social y la reparación comunitaria, el Gobierno de Colombia y la Unión Europea han consolidado una estrategia para el aprovechamiento social y productivo de los bienes incautados al crimen organizado. A través del Programa de Cooperación sobre Drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe (Copolad III), se han llevado a cabo mesas de trabajo en distintas regiones del país con el fin de diseñar un modelo sostenible para la reutilización de estos activos en beneficio de comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado.
Este proceso, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en articulación con el Comité Permanente para los Derechos Humanos (CPDH) y la sociedad civil, ha permitido consolidar estrategias basadas en los principios de legalidad, inclusión y desarrollo sostenible. Durante los últimos dos años, se han realizado seis encuentros en Bogotá y en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Risaralda, donde participaron 72 organizaciones que actualmente administran bienes de la SAE.
El objetivo ha sido transformar estos activos en herramientas de desarrollo, promoviendo proyectos productivos que fortalezcan la economía popular y garanticen la reparación de comunidades históricamente afectadas por la violencia y el narcotráfico. Así lo destacó William Antonio Ortega, líder de la organización A 100 % Agroparaiso en Montería, quien señaló: “Fuimos los primeros en recibir el cumplimiento de la promesa del Gobierno del Cambio sobre los predios de la SAE. Con su apoyo, accedimos a 170 hectáreas en las que hoy consolidamos un proyecto agrario real y efectivo. Esta tierra ahora cumple una función social, produce alimentos para el pueblo y fortalece el tejido de 42 familias campesinas”. Según Ortega, en 2024 su comunidad logró producir 307 toneladas de arroz, generando empleo y fortaleciendo la sostenibilidad del territorio.
Los beneficios de este modelo no solo radican en la producción agrícola, sino también en la reactivación de economías locales que han sido históricamente golpeadas por el crimen organizado. La redistribución de estos bienes permite que comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y población diversa encuentren oportunidades económicas, logrando la consolidación de iniciativas productivas a largo plazo.
Jörg Schreiber, jefe de Misión Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, resaltó el impacto positivo de este modelo, afirmando que “la reutilización social de los bienes decomisados contribuye a la lucha contra el crimen organizado y permite la restitución de recursos a las comunidades que han sido víctimas de la criminalidad. Cuando el Estado logra recrear un vínculo con la ciudadanía en estas zonas, estos activos se reconfiguran como un bien común”.
En este sentido, las organizaciones beneficiadas han encontrado en este modelo una alternativa sostenible para el desarrollo rural y urbano. Desde proyectos de agricultura sostenible hasta iniciativas de pesca y comercialización de productos agropecuarios, los bienes incautados han pasado de ser símbolos de criminalidad a motores de cambio para comunidades enteras. La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, enfatizó que el trabajo conjunto con Copolad y el Ministerio de Justicia ha permitido apoyar a comunidades diversas, incluyendo afrodescendientes, indígenas, campesinos y población LGBTIQ+. “Hemos conocido experiencias inspiradoras, como la producción de 10 mil toneladas de peces por parte de mujeres piscicultoras, la exportación de plátanos en Sucre y la producción masiva de arroz, todas ellas iniciativas que contribuyen a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico del país. Nuestro compromiso es seguir facilitando el acceso a estos bienes a través de comodatos, arrendamientos y, en algunos casos, su entrega definitiva a las comunidades”.
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Por su parte, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, subrayó la importancia del cambio de paradigma en la administración de los bienes incautados, pasando de un modelo meramente administrativo a uno que prioriza su aprovechamiento social y comunitario. “Reformar los territorios afectados por el narcotráfico no es sencillo, ya que implica retos tanto jurídicos como prácticos. Sin embargo, este enfoque es fundamental para la transformación social y el desarrollo de estas regiones”, indicó.
La implementación de esta estrategia también ha servido como un mecanismo para combatir la pobreza y reducir las desigualdades en regiones que han sido marcadas por la violencia y el conflicto armado. El acceso a tierras y bienes productivos ha permitido a muchas comunidades mejorar sus condiciones de vida, fortalecer su autonomía económica y contribuir al desarrollo sostenible del país. Además, el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea ha sido clave para garantizar la viabilidad de los proyectos y asegurar que estas iniciativas prosperen a largo plazo.
El modelo de aprovechamiento social y comunitario de los bienes incautados se consolida como una herramienta clave en la construcción de paz y la justicia social en Colombia. Con estos esfuerzos, el Gobierno nacional avanza en la implementación de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, promoviendo el uso transformador de estos activos en favor de la reparación y el desarrollo sostenible de las comunidades más vulnerables del país.
carloscastaneda@prensamercosur.org
