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La brecha entre la educación rural y urbana en Colombia debe cerrarse con urgencia mediante una política de Estado concertada que trascienda los periodos gubernamentales. Así lo advirtió el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien hizo un llamado a la construcción de un consenso nacional que garantice una educación accesible, equitativa y de calidad para los jóvenes del campo.
El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se dio en el marco del Congreso ‘Diálogos constitucionales: una construcción colectiva’, organizado por la Corte Constitucional en Neiva. En el evento, se debatieron estrategias para garantizar el derecho a la educación en zonas rurales y comunidades étnicas, sectores que, según Eljach, requieren de una atención prioritaria y sostenible.
“El punto de partida debe ser la concertación de una renovada política de Estado, un verdadero diálogo para construir educación. No podemos permitir que los niños y jóvenes del campo sigan enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a oportunidades formativas dignas”, enfatizó.
Para hacer frente a esta problemática, el Procurador propuso una estrategia de cinco puntos encaminada a eliminar los obstáculos que dificultan la educación en el sector rural. Entre sus planteamientos destacó la necesidad de mejorar la infraestructura de las escuelas para que cuenten con aulas adecuadas y entornos seguros; garantizar transporte escolar gratuito o subsidiado para que la distancia no sea una limitante; establecer una canasta educativa diferencial que responda a las necesidades del sector; ofrecer incentivos salariales y de bienestar para los docentes rurales, y diseñar currículos adaptados a las particularidades culturales y productivas de cada región.
Eljach Pacheco resaltó que esta política de Estado debe tener como prioridad la equidad en la educación, permitiendo que todos los jóvenes colombianos, sin distinción de su entorno geográfico, accedan a un sistema educativo que impulse su desarrollo y el de sus comunidades. “Se trata de garantizar una educación transformadora, de calidad, que brinde herramientas reales para el progreso y que reconozca la diversidad de nuestras comunidades rurales y étnicas”, subrayó.
Finalmente, reafirmó el compromiso de la Procuraduría General en su rol de garante de los derechos constitucionales y vigilante del cumplimiento de las políticas públicas en materia educativa. “No bajaremos la guardia. Desde nuestra misionalidad seguiremos impulsando las acciones necesarias para que esta transformación ocurra cuanto antes, porque la educación es un derecho fundamental y una herramienta esencial para la justicia social y el desarrollo de Colombia”, concluyó.
carloscastaneda@prensamercosur.org
