“Buscan cualquier excusa para agarrarnos”: el pánico paraliza a las comunidades de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos

“¿Qué hago? ¿Me voy a la policía y digo: ‘Revísenme los tatuajes con tiempo. No soy un criminal’?”. Nassi está desesperado con las noticias sobre inmigrantes venezolanos tatuados que han sido deportados desde Estados Unidos a una megacárcel de El Salvador como supuestos miembros del Tren de Aragua, una banda criminal nacida en Venezuela. Nassi tiene tatuajes en todo el cuello y parte de los brazos. ”Me hice unas notas musicales en la muñeca. El signo Piscis y el signo Libra. Me tatué las patitas de mi perrita pitbull, que murió. Una brújula. El rayito de Harry Potter. Y me tatué unas cicatrices que tenía en el cuello para mejorar mi imagen”. Él es un venezolano de Maracaibo —la mayor ciudad del occidente del país—, bailarín por convicción. Allá daba clases de “danza urbana” a chicas de secundaria. Primero migró a Perú, viajó a México y en julio de 2022 se entregó a agentes de la patrulla fronteriza en Arizona para entrar a Estados Unidos. A finales de 2024 recibió un permiso temporal para quedarse y trabajar, que vence este 7 de abril.

Hoy Nassi vive en Nashville, Tennessee. Ya hace semanas que no sale de casa si no es para hacer algún trabajo a destajo y cuando lo hace, se tapa. También dejó de conducir por temor a que agentes de inmigración o la policía del Estado lo arresten, le acusen de criminal y lo saquen a la fuerza, a pesar de haber seguido las normas y trámites migratorios que estaban vigentes cuando llegó. “Me siento atrapado. Todos los días pienso en la posibilidad de irme. Siento que de un momento a otro mi vida va a cambiar y quiero saber qué debo hacer”.

Los inmigrantes venezolanos sin green card u otro estatus legal permanente son un blanco fácil para los agentes de migración. La mayoría de ellos llegaron en la última década como consecuencia de la crisis humanitaria y la represión en Venezuela. Desde 2021, la Administración del expresidente Joe Biden estableció mecanismos para que pudieran permanecer legalmente en el país, si venían en busca de protección y refugio: los tratados de protección temporal (conocidos como TPS, por sus siglas en inglés, vigentes hasta abril), el parole humanitario y los procesos migratorios iniciados a través de la aplicación móvil conocida como CBP One. El presidente Donald Trump derogó todos estos permisos y convirtió en indocumentados a más de 1,2 millones de venezolanos que permanecían en el país con documentación en regla y temporalmente amparados de la deportación. La mayoría no tiene antecedentes penales, sin embargo, bajo la actual Administración no tener visa o estatus legal es considerado un crimen. El Gobierno federal tiene sus nombres y direcciones. A diferencia de otros inmigrantes latinoamericanos, ellos no tienen un consulado o una embajada donde pedir ayuda legal, porque Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas en 2019. Detenerlos y deportarlos sería tan sencillo como pescar en un balde.

“Los venezolanos nos sentimos perseguidos, están buscando cualquier excusa para agarrarnos. Yo no pensé que esto iba a pasar, que el presidente iba a ser tan radical”. Nassi se define a sí mismo como “muy de derechas” y como tantos otros venezolanos, él apoyó la reelección de Donald Trump con la esperanza de que usaría su mano dura contra el régimen de Nicolás Maduro y no contra él: “No podemos votar pero la mayoría de los venezolanos apoyamos al presidente Trump porque creíamos que íbamos a ser protegidos y que Venezuela sería libre. Ahora estamos en un limbo legal y humano. Parece mentira”.

Lo que más teme ahora es una deportación expedita y violenta, basada en la vieja Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 o en la nueva ley Laken Riley aprobada por Trump, sin tener oportunidad de defender su caso de migración. “¿De qué va a servir tener un abogado si ni siquiera una abogado puede intervenir cuando quieren aplicar una ley como la de enemigos extranjeros? ¿Qué va a pasar en abril cuando mi TPS se venza si un juez no nos protege? ¿Y si un juez sí nos protege pero al Gobierno no le importa”. Bajo esta modalidad, el sábado 15 de marzo 238 venezolanos fueron deportados y procesados en una cárcel de El Salvador convertida en el símbolo de la guerra de Nayib Bukele contra las pandillas, pese a que un juez había ordenado detener el proceso y que los vuelos que transportaban a los venezolanos regresaran a Estados Unidos.

“La comunidad venezolana está en pánico, sobre todo los que no tienen un estatus de residente o ciudadano americano. Nadie sabe quién puede ser víctima de que los metan presos y los terminen en una cárcel en El Salvador. Con esa ley de enemigos extranjeros, no hay derecho al debido proceso, a la legítima defensa”. El mayor retirado José Colina es el presidente de la organización Veppex (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio) con sede en el sur de la Florida, donde viven cerca del 60% de los venezolanos que han llegado al país en la última década. El miedo él lo percibe en cada uno de los mensajes que recibe a diario de inmigrantes preguntando qué hacer para evitar la deportación, qué papeles deben llevar encima, qué ha pasado con las demandas para renovar los permisos temporales. Dice también que las calles de ciudades como Doral, también conocida como Doralzuela, que antes bullían de venezolanos trabajando o divirtiéndose, están más solas de que de costumbre. “Tú ves soledad en la calle. La comunidad venezolana no está al mismo ritmo que estaba hace unos meses atrás. La gente no sale, se está resguardando en sus casas. Quienes conversamos somos los activistas que constantemente estamos reuniéndonos en El Arepazo para ver cuáles son las acciones que vamos a tomar”. En El Arepazo, el restaurante de comida típica considerado la sede del exilio venezolano, las mesas ya no se llenan a la hora del almuerzo.

“Hay también una decepción generalizada, porque buena parte de los venezolanos pensó que Donald Trump iba a llegar a la presidencia para sacar a Nicolás Maduro del poder y lo que está pasando es todo lo contrario. Se ha ido en contra de las víctimas, no del victimario”. Muchos se están buscando la manera de irse, dice Colina, pero se encuentran con el problema de que no tienen un pasaporte venezolano vigente que les permita viajar a un tercer país, y no hay consulados en Estados Unidos donde puedan tramitar uno. “Saben que la comunidad venezolana es muy débil. Somos los últimos que hemos llegado, no tenemos poder político ni congresistas, ni senadores ni alcaldes. El poder económico nuestro es mínimo si hablamos de dinero bien habido. Es más fácil deportar a un millón de venezolanos sin consecuencias que deportar a un millón de mexicanos o un millón de nicaragüenses o un millón de salvadoreños. Tenemos una debilidad enorme y por esa razón nos están vapuleando como lo están haciendo”.

A la periodista venezolana Ronna Rísquez, que ha investigado al Tren de Aragua desde su nacimiento y sus operaciones en América Latina, le preocupa la poca información que ha aportado el Gobierno de Estados Unidos sobre los supuestos integrantes de la banda deportados a El Salvador. “No entiendo cómo pueden decir que alguien es culpable de algo y no mostrar las pruebas, cuál ha sido es el delito. Es verdad que el testimonio de un familiar no es una prueba contundente como para decir que una persona no es del Tren de Aragua, pero las autoridades estadounidenses tampoco han aportado pruebas de que sí lo son”. Rísquez, ganadora este año de los premios de periodismo Rey de España, es también la autora del único libro que hasta ahora se ha escrito sobre este grupo criminal, titulado Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Entre lo mucho que ha aprendido sobre la organización, ella también asegura que los tatuajes no han sido nunca un símbolo de identidad para sus integrantes.

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