La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), ha publicado un informe en el que analiza el impacto de las distintas normativas y protocolos educativos autonómicos en materia de protección e igualdad de los colectivos LGTBIQ en la salud de los menores afectados y los derechos fundamentales de sus padres, tales como el derecho a educar a sus hijos en base a sus creencias religiosas y los derivados de la patria potestad.

Como consecuencia de la entrada en vigor de dichas normativas, la mayoría de las consejerías de educación han adoptado protocolos educativos con indicaciones sobre el modo de actuar para el personal docente.

“Este informe se aborda con la finalidad de analizar los distintos protocolos educativos autonómicos y considerar su impacto sobre los menores afectados y sobre el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y creencia, así como, especialmente, sobre el ejercicio de la patria potestad y el derecho de los padres a educar a sus hijos”, expone FEREDE en la presentación del estudio.

Tras analizar dichos protocolos, FEREDE ha observado  que muchos interpretan que el prevaleciente “interés superior del menor” coincide con el favorecimiento y la puesta en marcha de la transición social de género, considerándola a priori beneficiosa para cualquier menor que muestre indicios de disconformidad con su identidad sexual. Esto hace que las medidas a adoptar se enfoquen en impulsar y facilitar dicha transición, sin tener en cuenta la edad o madurez de los menores, sin valorar la posible existencia de otras problemáticas, e incluso sin necesidad de contar con el criterio y consentimiento de los padres, previamente a poner en marcha dichas medidas.

No existe una uniformidad de protocolos en todas las comunidades y ciudades autónomas, y algunas de éstas aplican medidas mucho más restrictivas de los derechos de los padres que otras. Es por ello que FEREDE, además del informe realizado, se ha dirigido a las comunidades y ciudades autónomas donde se han observado protocolos educativos más restrictivos solicitando su modificación en base a las razones expuestas y fundamentadas en el informe. Actualmente, dichas comunidades autónomas son Castilla la Mancha, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y la Ciudad autónoma de Melilla.

FEREDE considera que algunos protocolos “pueden vulnerar el ejercicio de la patria potestad y el derecho fundamental de los padres a elegir la formación moral y religiosa d los hijos y el derecho a la libertad religiosa”.

La aplicación de estos protocolos, además, pueden “propiciar o promover la adopción de decisiones y actuaciones precipitadas e irreversibles, con efectos negativos e importantes en la salud de los menores. Consideramos que es necesario implantar modelos más evaluativos, psicológicos y reflexivos, que cuenten con el consentimiento de los padres, para proteger de mejor manera el interés superior del menor”.

Una situación peligrosa para el menor

FEREDE advierte que cuando se inicia una transición de género en los menores puede haber efectos negativos “sobre la salud tanto física como mental de los menores” y denuncia una tendencia afirmativa hacia la transición. “La forma en la que están redactados algunos de estos protocolos, enfocados a la acción inminente a favor de la transición social de cualquier menor que presente “indicios de transexualidad o de disconformidad con el género”, como si estas fuesen cuestiones fácilmente definibles y observables, pue de suponer que se adopten medidas precipitadas y con efectos irremediables sobre la salud del menor, como puede ser la propia transición social en el centro, pero también el consecuente sometimiento a tratamientos médicos para la transición a una edad demasiado temprana”. Estas críticas se apoyan en investigaciones como la de “la Academia Europea de Pediatras que advierte de los perjuicios derivados de los bloqueadores de pubertad y otros tratamientos hormonales en su aplicación a menores de edad, y denuncian la falta de estudio e investigación de este tipo de intervenciones”.

La entidad evangélica lamenta la falta de acompañamiento en todo el proceso. “Solamente el protocolo de Galicia prevé como paso previo al proceso de transición social en el centro educativo el contar con un informe médico; en todos los demás territorios no se realiza mención alguna a profesionales de la salud, en contra de lo que señalan algunas organizaciones de profesionales de la medicina”.

Por ello, FEREDE pide revisar estos protocolos al observar “una tendencia a identificar la transición social con el interés superior del menor, sin considerar las grandes repercusiones que un proceso de estas características puede tener sobre un menor de edad, asumiendo que la transición social es siempre positiva y beneficiosa para cualquier menor que presente indicios de disconformidad con su propio género”.

El diagnóstico queda así en manos de la comunidad educativa “sin que se exija ni se proporcione ningún tipo de formación a la comunidad educativa para realizar esta tarea”. Además “no se tienen en cuenta ni la edad del menor ni el grado de madurez o juicio para que el propio alumno pueda solicitar el inicio de un proceso de transición social en el ámbito educativo”.

Es grave que, según FEREDE, hay falta de consideración hacia los padres a quienes “ni se solicita su consentimiento para la transición social de género de sus hijos, eliminando su facultad de representación y de ejercicio de la patria potestad, así como vulnerando sus derechos fundamentales en cuanto a la educación de sus hijos”.

FEREDE lamenta la incursión de los servicios sociales ante “cualquier negativa o falta de colaboración de los padres” lo que refuerza la diea de que “la transición social es siempre positiva y adecuada al interés del menor, ignorando la posibilidad de que en el caso concreto pueda no ser la opción más adecuada, o que sea incluso arriesgada y peligrosa para la salud física y mental del menor”.

Peticiones concretas

Finalmente, FEREDE concluye con cinco peticiones. Primero, que “se elaboren protocolos de prevención y tratamiento del acoso escolar y la discriminación de toda clase, y no solamente en los casos de discriminación por cuestiones relacionadas con la identidad sexual. No entendemos por qué otras discriminaciones, incluida la sufrida por razones religiosas, no está atendida y protegida al mismo nivel”.

Pide además que “se revisen los protocolos educativos vigentes de las comunidades autónomas mencionadas en este informe, con el fin de proteger a los menores de decisiones y actuaciones precipitadas e irreversibles, y con el objetivo de proteger el ejercicio de la patria potestad y los derechos fundamentales de los padres”.

Se enfatiza que el “interés superior del menor” no sea siempre favorecer “la transición social del alumnado que se considere trans. Que se analice cada caso concreto con mucho rigor, reflexión y cuidado, con la intervención de personal debidamente formado, incluyendo valoraciones médicas que puedan evaluar la salud general del menor y tomando en cuenta todas sus circunstancias antes de iniciar un proceso de transición social”. “Este asunto es complejo y delicado” considerando que “se han dado casos en los que jóvenes se han arrepentido cuando las consecuencias ya eran irreversibles”.

En cuarto lugar se pide que “se escuche y se tenga en cuenta la opinión y criterio de los padres, en el ejercicio de su patria potestad y libertad religiosa, ya que ellos son los competentes para decidir junto a su hijo o hija asuntos tan importantes para su vida”.

Finalmente, FEREDE pide que “cuando existan indicios de abandono, o de que los padres están claramente actuando en contra del interés superior del menor, pueda iniciarse un procedimiento que esté tutelado por la autoridad judicial en el caso de que se vaya a hacer prevalecer la decisión de un menor de edad sobre la decisión o criterio de sus padres, siguiendo el criterio general de las leyes para la suplencia de la falta de capacidad del menor”.

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