Secretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, César Restrepo
La Alcaldía de Bogotá desestimó la existencia de amenazas contra universidades privadas en la ciudad, luego de que un presunto comunicado de la Universidad del Rosario alertara sobre un refuerzo en la seguridad de su sede. Mientras el Distrito niega la existencia de riesgos comprobados, el Ministerio del Interior ha expresado dudas sobre el programa de seguridad impulsado por el alcalde Carlos Fernando Galán.
El 19 de marzo, circuló en redes sociales un supuesto pronunciamiento de la Universidad del Rosario en el que advertía sobre una alerta de seguridad y anunciaba un aumento de vigilancia en los alrededores de su sede. «[Se] recibió por parte de las autoridades competentes la notificación de la existencia de posibles amenazas contra algunas instituciones educativas en la capital del país. Con el objetivo de garantizar el bienestar de nuestra comunidad y de la mano con las autoridades, hemos decidido reforzar la seguridad de la Universidad», indicaba el comunicado.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad del Distrito se apresuró a desestimar la veracidad de estos riesgos. «Frente a información (…) sobre riesgos extraordinarios de seguridad para centros universitarios privados de la ciudad, el Gobierno Distrital encontró que no ha sido comprobado dicho riesgo ni existen verificaciones de fuentes que puedan dar lugar a acciones extraordinarias por amenazas puntuales», declaró la administración en un comunicado oficial.
El Distrito aseguró que trabaja de manera permanente con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional y la Fiscalía para la identificación y gestión de riesgos de seguridad y terrorismo. Además, destacó que el Centro Integrado Antiterrorismo (CI3), conformado por la Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército y la Fuerza Aérea, no ha encontrado evidencias que sustenten una amenaza extraordinaria para las instituciones educativas.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha puesto en la mira el plan de seguridad «Guardianes del Orden», promovido por el alcalde Carlos Fernando Galán. La iniciativa, que busca integrar a expolicías y miembros retirados de la fuerza pública en labores de seguridad y convivencia, ha generado preocupación en el Gobierno Nacional.
En un documento fechado el 17 de marzo de 2025, el viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Gabriel Rondón, solicitó aclaraciones a la Alcaldía sobre los objetivos y funciones de estos «guardianes», subrayando la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar la creación de estructuras paralelas a la Policía. «Experiencias previas en el país han demostrado los riesgos de operar con grupos que trabajan de manera independiente a las instituciones oficiales», advirtió Rondón en su comunicación.
El Ministerio señaló que la formación de cuerpos de seguridad alternativos podría derivar en problemas como abuso de poder, conflictos de autoridad y fallas en la coordinación con las entidades oficiales. Rondón enfatizó que el programa de Galán debe diseñarse con un enfoque claro, alineado con las estructuras existentes y bajo una supervisión estricta para evitar riesgos.
A pesar de las críticas, el alcalde Galán defendió la iniciativa como una estrategia para reforzar la seguridad en una ciudad que enfrenta altos índices de delincuencia. «Guardianes del Orden» busca aprovechar la experiencia de exuniformados en labores de apoyo comunitario y convivencia. No obstante, la falta de precisión sobre su rol dentro del esquema de seguridad ha generado inquietudes en distintos sectores.
El secretario de Seguridad y Convivencia, César Restrepo, ha sido uno de los principales defensores del programa «Guardianes del Orden», argumentando que su implementación es crucial para reforzar la seguridad en la ciudad sin comprometer los derechos de los ciudadanos. Según Restrepo, Bogotá enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad que requieren estrategias innovadoras y complementarias a la labor de la Policía Nacional. «No estamos creando un cuerpo paralelo, sino fortaleciendo la presencia en las calles con personas que ya tienen formación en seguridad y convivencia, y que pueden contribuir a la protección de la comunidad», explicó.
El secretario también destacó que los «Guardianes del Orden» trabajarán bajo estrictos protocolos de actuación, siempre en coordinación con las instituciones oficiales. «Estos hombres y mujeres estarán bajo supervisión, con mecanismos de control que garanticen su correcto desempeño. Se trata de una medida que busca generar confianza y mejorar la percepción de seguridad en los barrios y sectores más vulnerables de Bogotá», añadió Restrepo.
Además, insistió en que el programa responde a una necesidad latente de la ciudadanía. «La gente nos pide más seguridad en las calles, más presencia de autoridades. Este es un esfuerzo por atender esa demanda sin sobrecargar a la Policía, que ya tiene una labor exigente en la lucha contra el crimen organizado», señaló el funcionario. Para Restrepo, la clave del éxito de los «Guardianes del Orden» será la transparencia y la correcta articulación con las demás entidades del Distrito.
El viceministro Rondón reiteró que cualquier estrategia debe garantizar la legalidad y transparencia en su ejecución, asegurando que los exmiembros de la fuerza pública actúen dentro del marco normativo y sin interferencias con las funciones oficiales de la Policía Nacional. La discusión sobre este plan continúa abierta, mientras la administración de Galán enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos ciudadanos.
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