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En un avance trascendental hacia la humanización del sistema carcelario, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha un nuevo protocolo interinstitucional para garantizar la atención médica de personas privadas de la libertad cuya condición de salud sea incompatible con la reclusión. La medida, que entra en vigencia de inmediato, fue adoptada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidades encargadas de su supervisión y cumplimiento.
El nuevo mecanismo establece un procedimiento riguroso para evaluar la situación médica de los internos, permitiendo que quienes padezcan enfermedades graves sean remitidos a centros hospitalarios o autorizados para cumplir su condena en reclusión domiciliaria. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó la importancia de este protocolo como un paso significativo en la protección de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. “Esta iniciativa representa un avance clave para garantizar que ninguna persona privada de la libertad sufra condiciones inhumanas debido a su estado de salud. Se trata de una acción articulada para ofrecer respuestas oportunas y efectivas a una problemática que por años ha sido ignorada”, señaló la funcionaria.
El protocolo establece una ruta clara y estructurada en cinco etapas: identificación de casos que requieren atención especial, activación de la ruta interna en el centro penitenciario, solicitud de valoración médica por parte de un juez de ejecución de penas, evaluación de Medicina Legal y posterior decisión judicial. La identificación de los casos se llevará a cabo mediante exámenes médicos, consultas especializadas, atención de urgencias y reportes de defensores públicos o redes de apoyo.
Una vez determinado un caso de alta complejidad, el juez solicitará una valoración pericial al Instituto Nacional de Medicina Legal, que definirá si la enfermedad es incompatible con la reclusión. Con base en esta evaluación, el juez decidirá si el interno debe ser trasladado a un hospital o autorizado para cumplir la pena en su domicilio. Si la solicitud es rechazada, la persona continuará su tratamiento dentro del centro penitenciario bajo estricta supervisión médica.
El seguimiento a la implementación de este protocolo estará a cargo de un Comité de Monitoreo, que velará por su correcto cumplimiento y evaluará su impacto en la protección de los derechos de los internos. Además, se establecieron mecanismos de control para realizar valoraciones médicas periódicas y determinar si la medida sustitutiva sigue siendo necesaria. En caso de mejoría del paciente, el juez podrá revocar la autorización de reclusión domiciliaria y ordenar su regreso a prisión.
Si bien el protocolo no establece plazos fijos para cada caso, se dará prioridad a aquellos en los que la vida e integridad de la persona privada de la libertad estén en riesgo, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de los internos. Con esta medida, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la construcción de un sistema penitenciario más humano y justo, en línea con los principios de derechos humanos y el respeto por la vida.
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