Imagen @Infopresidencia
En un movimiento sin precedentes, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece el próximo martes 18 de marzo como «Día Cívico para la Participación Ciudadana», una decisión que ha generado controversia entre sectores políticos y mandatarios regionales. La medida ha sido interpretada por algunos como un respaldo directo a las movilizaciones que se desarrollarán en varias ciudades del país, mientras que otros la ven como una estrategia del Ejecutivo para presionar la aprobación de sus reformas.
El decreto, ya publicado por el Gobierno, establece que las entidades públicas de la rama ejecutiva, tanto del nivel central como descentralizado, suspenderán sus actividades laborales y de atención al público, considerando la jornada como un día no hábil. La medida busca, según el documento oficial, garantizar el derecho ciudadano a expresarse en favor de las reformas sociales promovidas por la administración Petro, especialmente en un momento en el que varias de ellas enfrentan dificultades en el Congreso.
La declaración del día cívico coincide con el debate de la reforma laboral en el Congreso, una iniciativa clave del Gobierno que enfrenta un inminente naufragio legislativo. En paralelo, se espera la realización de manifestaciones masivas en diversas ciudades del país, organizadas por sectores afines al oficialismo. Estas marchas han sido convocadas con el propósito de respaldar las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo, incluyendo la reforma a la salud, la reforma pensional y la ya mencionada reforma laboral, que han encontrado una fuerte resistencia en distintos sectores políticos y empresariales.
Sin embargo, la medida no ha sido acogida de manera unánime. Algunos gobernadores y alcaldes han manifestado su negativa a adoptar la jornada cívica, lo que ha generado roces con el presidente Petro, quien ha respondido a través de su cuenta en X, defendiendo la importancia del decreto. En su comunicación, el mandatario ha insistido en que la participación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia y que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos puedan manifestarse libremente en apoyo de las políticas que consideran necesarias para mejorar su calidad de vida.
Por otro lado, sectores de la oposición han criticado con dureza la medida, argumentando que se trata de una maniobra política para beneficiar la agenda del Gobierno en un momento crítico. Algunos congresistas han advertido que el decreto podría ser una forma de presión sobre el legislativo y han cuestionado el uso de recursos públicos para facilitar una jornada que, en su opinión, tiene un carácter marcadamente partidista.
El Gobierno ha instado a las autoridades locales a garantizar el orden público y respetar el derecho a la protesta pacífica, enfatizando que la manifestación ciudadana es un derecho constitucional. No obstante, la polarización en torno al decreto ha llevado a que distintos sectores empresariales y comerciales expresen su preocupación por los efectos económicos de la medida. La suspensión de actividades en el sector público podría afectar diversos trámites administrativos y generar retrasos en áreas clave como la justicia, la salud y la educación.
Mientras tanto, los analistas políticos advierten que el 18 de marzo se perfila como un punto de inflexión en la actual coyuntura política. La jornada no solo pondrá a prueba la capacidad de convocatoria del Gobierno y sus aliados, sino que también será un termómetro del respaldo ciudadano a sus reformas. En un escenario de alta tensión y confrontación, el resultado de esta jornada cívica podría tener repercusiones significativas en el futuro del país y en la gobernabilidad del presidente Petro.
El 18 de marzo se perfila como un día clave en el pulso entre el Ejecutivo y sus detractores, con la movilización ciudadana y el debate legislativo como epicentro de una jornada que promete marcar el rumbo político del país en los próximos meses.
carloscastaneda@prensamercosur.org
