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En medio del tercer consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro lanzó una nueva y alarmante advertencia: «Ya van cuatro intentos» para asesinarlo, supuestamente orquestados por grupos de narcotráfico que buscan el control de los cultivos de coca en el suroeste del país.
«Hoy hay una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái y aún la Policía no investiga, a través de la inteligencia, que incluso quiere matar al presidente», expresó Petro ante su gabinete. Según el mandatario, su gobierno ya conoce los nombres y acciones de quienes estarían detrás de estos planes criminales. Además, criticó la aparente falta de reacción de las autoridades frente a estas amenazas, subrayando la necesidad de una mayor acción por parte de los organismos de seguridad.
No es la primera vez que Petro denuncia amenazas de este calibre. En febrero pasado, aseguró que narcotraficantes habían adquirido dos misiles para atentar contra su avión, en respuesta a su lucha contra «las grandes mafias». Además, en septiembre de 2024, reveló que la DEA y el embajador de EE.UU. en Bogotá le alertaron sobre un supuesto atentado con un camión cargado de dinamita que se planificaba en su contra. Incluso, durante su campaña presidencial en 2022, denunció que la banda criminal ‘La Cordillera’ intentó asesinarlo. Estos episodios han generado preocupación tanto en su círculo de gobierno como en la comunidad internacional, que observa con inquietud el recrudecimiento de la violencia contra líderes políticos en Colombia.
Las revelaciones del presidente se dieron en un contexto de creciente violencia en el suroeste del país, donde la presencia del narcotráfico y los grupos armados ilegales ha convertido al Cañón del Micay en una de las zonas de mayor producción de coca en el mundo. Este territorio, según expertos en seguridad, es disputado por organizaciones criminales que buscan fortalecer sus redes de tráfico a nivel global.
Durante la sesión de gobierno, Petro también criticó duramente los planes de su administración en esta región. Cuestionó la falta de conectividad en medio de la entrega de computadores, el alcance limitado de la sustitución de cultivos ilícitos y la insuficiencia del plan de vivienda. «No se pueden seguir cometiendo los mismos errores de siempre», sentenció el presidente. Además, insistió en la necesidad de un enfoque más estructural en la lucha contra la pobreza y el abandono estatal en estas zonas, sugiriendo que la única forma de erradicar el narcotráfico es ofreciendo alternativas reales de desarrollo a las comunidades afectadas.
Por su parte, la subdirectora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Mónica Díaz, expuso los detalles de las intervenciones gubernamentales en el Cañón del Micay. Entre ellas, mencionó el mejoramiento de 150 viviendas, la formalización de predios, programas de sustitución de cultivos ilícitos por cacao y la licitación de un hospital en El Plateado. Sin embargo, estas iniciativas fueron cuestionadas por Petro, quien argumentó que los esfuerzos actuales son insuficientes frente a la magnitud del problema. «No se necesitan 150 viviendas mejoradas, necesitamos miles en el Micay. Si uno no va al Micay, no sabe de qué está hablando», enfatizó el mandatario.
Las declaraciones de Petro reflejan la magnitud del desafío que enfrenta su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, en un escenario donde las amenazas contra su vida parecen estar cada vez más latentes. El debate sobre la seguridad del presidente y la efectividad de las estrategias gubernamentales contra el crimen organizado seguirá siendo un punto clave en la agenda nacional, mientras el país enfrenta una de las crisis de seguridad más complejas de los últimos años.
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